«La comisión que proponemos debe producir un relato histórico del conflicto que vaya más allá del informe recortado del Grupo de Memoria Histórica –presentado en julio del año pasado–, que tuvo que actuar en un campo limitado y precario establecido por la Ley 975 de Justicia y Paz, cuyo mandato parcializado, solo exigía elaborar una visión sobre el origen y evolución de los actores armados ilegales; como si el principio y fin de la violencia y lucha fratricida nacional tuviera su razón de ser y causa, en los denominados actores armados ilegales», subraya la guerrilla en un comunicado titulado ‘Sin verdad no hay justicia’.

Critica el hecho de que el informe elaborado por el Grupo de Memoria Histórica limite a los «actores armados ilegales como victimarios principales, y únicos». Incide en que «no se puede presumir que las FARC y el ELN sean los causantes de un conflicto interno que se inicia antes de su misma creación. Sería fraudulento afirmar que sobre esa insurgencia recae la responsabilidad de conductas y episodios violentos e inhumanos provocados por el mismo Estado y sus agentes oficiales y paraoficiales».

«Se trata entonces de una supuesta realidad descontextualizada; de una realidad incompleta y torpemente excluyente, que desconoce responsabilidades colectivas e individuales surgidas de hechos y conductas que resuelve dejar de lado de manera caprichosa, con lo que termina, escondiendo y con ello desconociendo, la participación en la historia violenta de la nación colombiana, no de cientos, sino miles de actores victimarios, que para el régimen no lo son», añade.

Las FARC-EP advierten que no se podrá «lograr una reconciliación nacional definitiva sobre elaboraciones mentirosas que desfiguran la verdadera historia». «Es preponderante precisar las responsabilidades de los diversos actores sin el prejuzgamiento de que solo uno de ellos ha de ser el imputado y los demás implicados, su juez. Y mucho más, cuando no hay, o si se quiere, no existe o no se ha dado un vencedor ni un vencido», concluyen.

Exigen, además, que «los cambios sean ciertos y no cosméticos, porque de nada sirven los cambios para todo siga igual. Ha llegado la hora de las reformas institucionales que establezcan las bases sólidas para la edificación de la paz».

«Asumir un verdadero compromiso con la paz no es un asunto de simples promesas o demagogia. Un verdadero compromiso con la paz consiste en impulsarla con actitudes y hechos ciertos de cambios profundos que permitan la reconciliación, sin actuar como perdonavidas, que es lo que en el presente ocurre, mientras cuando se habla de avances en un proceso de diálogo, se incumple en los compromisos concretos con el pueblo, y se insinúan vanas e innecesarias amenazas hacia la contraparte», subrayan en alusión a las declaraciones del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que ayer dijo que ahora se lo pensaría «dos veces» para ordenar matar al comandante de las FARC Timoleón Jiménez.

Acercamientos en el final de ciclo

Por otra parte, tanto la delegación de las FARC como del Gobierno se han referido en términos al cierre este viernes del 23 ciclo de conversaciones. En un comunicado conjunto, destacan que ha habido «avances en las discusiones y construcción de acuerdos en los tres subpuntos relacionados con la ‘Solución al problema de las drogas ilícitas’ –el tercer punto de la Agenda–». «Ambas delegaciones compartimos la visión de que la solución definitiva a este problema debe estar enmarcada en la Reforma Rural Integral y debe construirse de manera conjunta involucrando a las comunidades en el diseño, ejecución, seguimiento, control y evaluación de los planes», añaden.

Las conversaciones se retomarán el 24 abril.