La normativa salió adelante en el Parlamento navarro como respuesta a las restricciones impuestas desde el Gobierno español, que excluyó a los migrantes «sin papeles» de la cobertura.

Posteriormente, Madrid recurrió el texto, que había permanecido suspendido hasta hoy. No obstante, el Alto Tribunal todavía tiene que posicionarse sobre la ley, avalada por la mayoría de la cámara foral. Los jueces no estiman los razonamientos de la Abogacía del Estado, que apeló al «impacto económico» de la norma para solicitar su veto. Lo que sí estima el TC es el rechazo a que los beneficiarios de la sanidad gratuita puedan acceder también a la «complementación de las prestaciones farmacéuticas».

El Abogado del Estado se apoyó en los posibles «efectos económicos» para defender el recurso contra la ley navarra. Un argumento que no ha sido avalado por el TC, quien sostiene que «el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas afectadas por las medidas impugnadas, así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad poseen una importancia singular en el marco constitucional, que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un ahorro económioco que no ha podido ser concretado».

Ahora, no obstante, los jueces tienen que posicionarse sobre el fondo del recurso. Nafarroa es la comunidad del Estado con más normas recurridas al TC por parte de Madrid, en asuntos como la reforma sanitaria que veta el acceso de migrantes irregulares o desahucios.