Aunque la rebaja fiscal ha sido la medida más polémica del proyecto –el impuesto al juego pasa del 55% al 10%–, la campaña Aturem BCN World, así como otras formaciones políticas y expertos de todo tipo han señalado los numerosos riesgos que implica un proyecto de estas características, comenzado por el hecho de que la relación entre la industria del juego y las diversas mafias dista mucho de ser una invención cinematográfica de Hollywood.

En comparecencia parlamentaria, el vicepresidente del Instituto de Expertos de Prevención de Blanqueo de Capitales y Finaciación del Terrorismo (INBLAC), Joaquín Mena, espetó a los diputados: «Reflexionen, están abriendo la puerta a un tipo de casino que no hay aquí y que puede ser peligroso». El propio conseller de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, reconoció que complejos como el de BCN World «suelen atraer a indeseables». De hecho, el operador que gestionará el único casino proyectado hasta ahora, Melco Crown, está relacionado con mafias chinas en Macau, según Australia y algunos estados de EEUU.

También compareció ante la comisión parlamentaria el presidente de la Associació Catalana d'Addiccions Socials (ACENCAS), Frances Perendreu, que, sin pelos en la lengua, señaló a los diputados: «Yo he sido ludópata, sÉ de lo que hablo, y es peligroso poder jugar a crédito porque te elimina cualquier tipo de control, solo quieres seguir jugando». La adicción al juego es otro de los peligros que los sectores críticos con el proyecto denuncian, frente al cual, CiU y PSC se conforman con haber pactado un vago programa de prevención de la ludopatía.

Uno de los argumentos a favor más utilizado es el de la creación de empleos, frente al que los críticos esgrimen, para empezar, la poca certeza que existe sobre su futura existencia, ya que el proyecto se desinfla cada vez más en este aspecto. De igual manera, argumentan que la crisis y la difícil situación económica por la que pasa la comarca del Camp de Tarragona no son excusa para saltarse todos los límites y aprobar una legislación de excepción que, de hecho, amenaza con cargarse de un plumazo el modelo de turismo que la Costa Daurada ha intentado impulsar en los últimos años, así como el modelo de economía industrial que el Govern asegura querer trabajar de cara al futuro.

Dudas sobre el promotor

Entre los interrogantes destaca también el principal promotor del proyecto, el fondo de inversión Veremonte, que opera sobre todo en Brasil, tiene sede en Londres y es propiedad del multimillonario valenciano Enrique Bañuelos, uno de los empresarios que más provecho sacó de la burbuja del ladrillo y también uno de los primeros que abandonó el barco cuando la crisis llegó a la construcción.

Su biografía es digna de película de sueño americano, ya que Bañuelos nació en una familia obrera, estudió Derecho gracias a las becas y, en pocos años, se convirtió en uno de los hombres más ricos del Estado español, con puesto incluido en la lista de Forbes. La base del enriquecimiento fue el ladrillo de la costa del Mediterráneo, donde el conglomerado que controlaba, Astroc, se especializó en comprar terreno sin urbanizar, urbanizarlo y venderlo rápidamente, consiguiendo revalorizar la inversión inicial hasta cifras insospechadas. El momento culminante llegó en 2007, cuando Astroc salió a Bolsa con un precio de 72 euros por acción. Cuatro meses más tarde, la acción apenas costaba nueve euros y el valor de la empresa se depreció un 76%.

Fue el inicio del fin de la empresa, que no de Bañuelos, quien después de declarar ante el juez Baltasar Garzón –que posteriormente archivaría la causa contra el empresario–, cruzó el charco para hacer las américas. Tras un proyecto fallido en Nueva York, recaló en Brasil, donde supuestamente realiza la mayoría de sus inversiones en la actualidad –también relacionadas con el suelo–, sobre las que apenas se conocen éxitos o fracasos. Ahora, con BCN World, regresa a los orígenes.