Mañana se celebra la Diada de Sant Jordi, día grande en Catalunya y fecha marcada en rojo en el calendario de floristas, librerías y editoriales. No en vano, para muchos acostumbra a ser el día en que consiguen cuadrar las cuentas anuales, sobre todo en los últimos años. La cita de este año viene marcada por el conflicto laboral en FNAC, cuyo edificio en plena plaza Catalunya acostumbra a ser un punto neurálgico de la Diada, lugar al que muchos de los autores acuden para firmar libros.

Los trabajadores de dicho establecimiento, sin embargo, han convocado una huelga para mañana, con el objetivo de denunciar la constante precarización de las condiciones de trabajo en la empresa, en la que los contratos a tiempo parcial –con un sueldo que se sitúa entorno a los 500 euros al mes– no paran de crecer y suponen ya el 60% de toda la plantilla, según el sindicato CGT, con presencia en el comité de empresa.

Este sindicato denuncia además que, pese a la denuncias y los requerimientos de Inspecció de Treball de la Generalitat, los «bajos salarios, el alto porcentaje de rotación de la plantilla, el estrés y la carga de trabajo, los comportamientos abusivos y las presiones para conseguir los objetivos», entre otros, son una constante.

Junto a las quinielas sobre cuáles serán los libros más vendidos, la convocatoria de huelga ha sido uno de los temas protagonistas en los días previos a Sant Jordi, y gracias sobre todo a las redes sociales, ha conseguido implicar a buena parte del mundo literario.

De hecho, en las últimas horas, una quincena de autores que preveía acudir al FNAC de plaza Catalunya ha anunciado que no lo hará en solidaridad con los huelguistas. Entre dichos autores se encuentran nombres conocidos como los humoristas Andreu Buenafente y Toni Albà, los periodistas Jaume Barberà y Eduard Voltas, o los escritores Antonio Baños y Jair Dominguez.

La huelga de los trabajadores de la empresa también ha recibido el apoyo de activistas sociales como la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, que ha denunciado que «cobrar 500 euros al mes es violencia» y representantes políticos como el diputado de la CUP David Fernández, que ha reivindicado que «es inaceptable que en nombre de la cultura se prostituyan los derechos sociales y laborales».