Trabajadores de Servicios Sociales y Unidades de Barrio han denunciado que hay familias navarras, en especial aquellas con hijos menores, que se encuentran en «la más absoluta de las miserias» tras el cambio en la ley foral que regula la Renta de Inclusión Social (RIS).

Una reforma, según ha explicado Marisol de la Nava, que agota la prestación a los 30 meses de percibirla a pesar de que la crisis hace que los afectados no tengan «ninguna posibilidad de encontrar empleo, ni siquiera en condiciones infrahumanas».

«La Renta de Inclusión Social se termina y no hay recursos alternativos», denuncia este colectivo de profesionales, que además ha mostrado su preocupación por las unidades familiares unipersonales, que suponen el 47% de los perceptores de la RIS.

En este caso según han indicado, el cambio en la ley les ha supuesto pasar de percibir el 100% del salario mínimo interprofesional al 85%, cifra que baja al 65% cuando «excepcionalmente» siguen percibiendo la renta después de 30 meses.

Y con estas cuantías, que pueden llegar a quedar en 438 euros mensuales, quienes viven solos no pueden hacer frente a los gastos habituales de vivienda, manutención, vestido y aseo.

Además, la reforma, aprobado el año pasado por UPN, PSN y PP, ha traído otras consecuencias, entre las que han citado las familias que viven en una VPO de alquiler y han perdido las subvenciones por el descenso de sus rentas.

Los trabajadores de Servicios Sociales y Unidades de Barrio han cuestionado ante el Parlamento la ampliación del plazo para valorar las solicitudes de Renta de Inclusión Social, que ha pasado a 60 días desde la fecha de registro cuando la Cartera de Servicios Sociales establecía 45.

Una «tardanza», han precisado, que les parece «excesiva» por tratarse de ayudas para «paliar situaciones de necesidades básicas» y que sin embargo con este mayor plazo generan «verdaderos dramas».

Han criticado, asimismo, el descenso de la partida destinada a Empleo Social, que en algunos ayuntamientos ha llegado al 70% desde 2010, a pesar de ser este «un instrumento de gran importancia» en la lucha contra la exclusión social.

Con todo ello, y tras asegurar que no es cierto que los cambios introducidos en la ley se justifiquen en la opinión de los profesionales del eje del Ebro, porque «prácticamente la mayoría» de los mismos han firmado un manifiesto en contra de la reforma, este colectivo ha subrayado que la ley de 1999 para una Carta de Derechos Sociales contenía principios «mucho más solidarios que la actual».