El diputado del PNV Pedro Aspiazu ha rechazado la posible reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña, una instalación «obsoleta» que, en su opinión, debe ser desmantelada «cuanto antes».

El presidente de Endesa, Borja Prado, anunció ayer que las empresas propietarias de Garoña (Endesa e Iberdrola) van a solicitar al Gobierno español la licencia de operación para la central, parada desde diciembre de 2012, que se encuentra a unos 40 kilómetros de Gasteiz y a 60 de Bilbo.

«Para nosotros es una mala noticia, pensábamos que en el tema de Garoña habíamos pasado página y que el Gobierno se había dado cuenta de que era una central obsoleta que no aporta nada a la generación eléctrica», ha asegurado Aspiazu en el Congreso.

El diputado del PNV ha recordado que la existencia de la central es muy cuestionada por toda la sociedad de la zona, incluido el propio PP de la CAV.

El PSE ha registrado una iniciativa para su debate «urgente» con el fin de que el Parlamento de Gasteiz se pronuncie en junio contra la concesión de una nueva licencia de actividad para la planta burgalesa.

En un comunicado, el secretario general del PSE de Araba, Txarli Prieto, ha propuesto que la Cámara autonómica se posicione en este sentido el mes que viene para que su demanda «sea atendida antes de que el Consejo de Seguridad Nuclear y el Gobierno tomen ninguna decisión».

Ha recordado que «el conjunto de las instituciones vascas, con especial intensidad las alavesas, y la gran mayoría de los representantes políticos vienen manifestando desde hace años su rechazo a la prolongación de la vida útil de unas instalaciones que forman parte de la primera generación de reactores nucleares, que fueron diseñadas para 30 años, y que ya han estado 40 funcionando».

Por tanto, «esta central ha cumplido con creces la rentabilidad económica diseñada por sus propietarios y ningún informe técnico puede avalar la seguridad de su continuidad», ha indicado.

Rajoy «les ha dado lo que querían»

Por su parte, el sindicato ELA ha afirmado, en un comunicado, que Garoña se paró porque las eléctricas rechazaron pagar las mejoras de seguridad exigidas por el Consejo de Seguridad Nuclear y ha mantenido que ahora se plantean ponerla de nuevo en funcionamiento porque el Gobierno de Mariano Rajoy «les ha dado lo que querían».

«La ciudadanía pagará el coste de gestión de los combustibles nucleares gastados y de los residuos radiactivos», según ha criticado.

«Garoña no es segura y todos los que viven a su alrededor corren un grave riesgo, que año tras año los gobiernos y las empresas quieren ocultar», ha mantenido ELA, y ha añadido que «Mariano Rajoy, de nuevo, antepone los intereses de las grandes eléctricas a la seguridad de los ciudadanos».