La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Gasteiz ha debatido, a propuesta de EH Bildu, sobre la situación de Ibon Iparragirre, aquejado de una grave enfermedad.

Iparragirre estaban en prisión atenuada desde octubre de 2011 pero el pasado 7 de marzo fue detenido y encarcelado nuevamente, y alejado a la cárcel de Navalcanero.

A través de la proposición no de ley aprobada con los votos de PNV y EH Bildu, el Parlamento reafirma su compromiso «inequívoco» con la defensa de los derechos humanos que asisten a todas las personas, «incluidas las que se hallan en prisión».

Además, insta a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias a que, «considerando el grave estado de salud del preso Ibon Iparragirre, y en cumplimiento de la legalidad vigente, proceda a su inmediata puesta en libertad». El Parlamento pide extender esta medida «al resto de las personas presas con enfermedades graves e incurables».

La iniciativa ha contado con la oposición del PP, mientras que el PSE se ha abstenido. El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, no ha participado en el debate porque asistía a otra comisión, aunque había presentado una enmienda de totalidad a la propuesta de EH Bildu.

El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha recordado que tanto el Código Penal, en su artículo 92, como los artículos 100.2 y 104.4 del Reglamento Penitenciario, permiten la concesión de la libertad condicional a los presos con enfermedades graves e incurables. Ha criticado la aplicación de criterios de «venganza» en la política penitenciaria y ha pedido la excarcelación de Iparragirre antes de que sea «demasiado tarde».

Desde el PNV, Maribel Vaquero ha coincidido en que la legislación actual ya permite que los presos que se encuentren en una situación como la de Iparragirre accedan a la libertad condicional, por lo que no hace falta cambiarla y basta con «aplicarla».

Por parte del PSE, Rodolfo Ares ha dicho que su partido defiende una política penitenciaria «dinámica y flexible», que permita la reinserción del preso desde la aplicación de la legalidad vigente. No obstante, ha justificado su abstención porque «son los médicos y, en última instancia, el juez de vigilancia penitenciaria», los que han de decidir si el estado de salud del preso justifica su excarcelación.

El parlamentario del PP Carmelo Barrio ha defendido que el sistema penitenciario español es «ejemplar» y ha rechazado que la política hacia los prisioneros se aplique desde una perspectiva de «venganza».