El acelerón mediático del fin de semana constituye un nuevo paso de la campaña con la que el Gobierno español trata de condicionar la reunión de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que el miércoles evaluará el varapalo judicial a la doctrina 197/2006. Que conste que no considero criticable que un Ejecutivo realice una labor de lobby para conseguir sus objetivos. De hecho, creo que su parroquia no entendería que no se hiciese. Otra cosa es si la visión de Estado concuerda con la feroz estrategia del gabinete de Mariano Rajoy. Pero ese no es el tema. Básicamente, resulta lógico que el Gobierno recurra a su prensa amiga para difundir su mensaje. Como en el tema de Euskal Herria la unanimidad es absoluta, no sorprende que el contenido de las grandes cabeceras se convirtiese en un corta-pega centrado en la manida "alarma social", que constituye el eje fundamental de su discurso. No creo que hubiese presiones, solo correa de transmisión. También es cierto que, entre tanto grito unívoco, pudimos leer excepciones como Luis Aizpeolea, en El País. Aunque su razonable interpretación quedó como una gota de agua en el mar de la venganza.
Básicamente, como ya explicaba en la entrada sobre la comparecencia de Jorge Fernández Díaz de la semana pasada, los razonamientos del Gobierno del PP se centran en el concepto de "alarma social". Desde el ámbito jurídico, lo único que argumenta es la "competencia" del Estado en la aplicación de las normas. Lo repetía hoy mismo Alberto Ruiz Gallardón en "La Razón", convertido en la expresión del BOE en los kioskos. A mi me suena a "ya vienen estos tikismikis europeos con sus Derechos Humanos", aunque también es cierto que concuerda perfectamente con el gusto testosterónico de la #marcaespaña. Sobre las consecuencias sociales, el mensaje repite tres argumentos base, a cada cual más demagogo. Ya he hablado en otras ocasiones sobre la aberración que constituye calificar de "reducida" una condena de 20 años. También, sobre las distintas varas de medir a las víctimas y los peligros de aplicar la justicia a golpe de titular escandaloso. Así que ahora solo haré un apunte. Uno de los argumentos más manidos, que se puso de moda cuando el Gobierno del PSOE inventó una imputación para mantener en prisión a Iñaki de Juana, era que apenas se cumplía "un año de prisión" por cada víctima. No olvidemos que Enrique Rodríguez Galindo apenas pasó cuatro por el secuestro y ejecución de Lasa y Zabala.
Hay nerviosismo al otro lado del Ebro. Se evidencia en su campaña de lobby y también en sus medias verdades. El ministro de Justicia (y antes el de Interior) insistía en la importancia de que los jueces hayan aceptado el recurso. Tienen razón que no es habitual, que apenas se recoge el 5% de los casos. No obstante, también obviaron el hecho de que más extraño aún sería que diesen carpetazo a una maniobra jurídica desarrollada por un Estado miembro. Aunque sea para tumbarla. Un hecho que también omiten desde Moncloa. Que, como señaló el diputado del PNV Emilio Olabarria, no hay precendentes en los que la Gran Sala haya contradicho a alguna de sus secciones.
No se puede prever qué decidirá el tribunal. Como decía un compañero, parece que las inmediaciones de Estrasburgo se asemejan más a una versión política de Eurovisión. Lo que ha quedado ya en evidencia es que el PP, como señalaba Aizpeolea, carece de visión de Estado para abordar el conflicto en Euskal Herria. También, que considera que la legislación es un chicle que estirar según sus intereses. En este tama en concreto, su peligrosa y demagoga gestión del argumentario perjudica a la sociedad vasca. Y también, a la española, que cada día observa cómo la interpretación excepcional de la norma achica las libertades civiles en un contexto de crisis estructural.