Cada vez que un colectivo o individuo lleva adelante una acción política que desafía alguna norma establecida siempre aparece el típico progre pontificando su desaprobación bajo el siempre irrefutable dogma de que el acto "da argumentos a la derecha". Para estos distribuidores de legitimidad, expropiar unos carritos de la compra, defender un gaztetxe del intento de desalojo, enfrentarse a las cargas de la Policía, hacer piquetes en una huelga general o, básicamente, cualquier actividad que suponga desobediencia frente a un poder injusto es rápidamente considerada como la entrega de un arsenal de razones eternamente contraproducentes para la izquierda.

Obviamente, existen acciones que generan beneficios y otras que, pese a las buenas intenciones de quienes la practican, terminan provocando más daños que réditos. Gran parte del desarrollo de una acción política está en este análisis y el calibraje de sus efectos. Sin embargo, no puedo comprender cómo una parte de la supuesta izquierda termina quemando más energías en perimetrar a sus propios compañeros de pancarta que en tejer alianzas que permitan desbordar el estado de las cosas. Temerosos de la reacción del enemigo, siempre acaban otorgándole la superioridad moral de determinar qué es legítimo y qué no a la hora de desarrollar una protesta.

Podría parecer que las líneas rojas estaban en la violencia. Pero es que son insaciables. Su  discurso timorato gana terreno con cada censura y termina achicando espacios hasta convertir a quienes señalan a los responsables en una amenaza inaceptable que, como pueden imaginar, "carga de argumentos a la derecha". ¿Cuál es la alternativa que proponen? ¿Acatar leyes injustas y aceptar la apisonadora confiando que, por obra y gracia del verbo divino, las élites políticas y económicas lleguen un día a la conclusión de que se están pasando de listos?

Esta reflexión viene al hilo del "desmarque" de ciertos sectores progresistas hacia la acción del alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, junto a sindicalistas del SAT, en dos supermercados andaluces. Convenimos que el sistema capitalista ha pisado el acelerador y aceptamos que, tras su enésima crisis, opta por una huida hacia adelante que condena a la miseria a sectores cada vez más importantes. La contradicción viene cuando restamos legitimidad a quien pone en práctica actos simbólicos de desobediencia y regalamos el mazo de juzgar a aquellos que se benefician o comparten esa misma situación injusta. Llegados a ese punto, ¿cuál es el espacio que le queda a las mayorías para cambiar el estado de las cosas? ¿Un Trending Topic en twitter? ¿No es más ley de la selva aquella que garantiza la subsistencia del más fuerte (leáse rico) mientras excluye al resto con unos recortes sociales que reducen la actual organización social a un neofeudalismo conectado por wifi?

Bajo esta premisa de eterna censura hacia las acciones de protesta, Rosa Parks habría cargado de argumentos a los supremacistas blancos. Por desgracia, puestos a tener, el régimen tiene de todo. Hasta un almacén de argumentos. El problema está en que seamos nosotros mismos los que se los compremos.