Cocodrilos en el Ebro
Egilea: Alberto Pradilla
Pradilla
2012/09/14 16:24h.

El proyecto de reforma del Código Penal español propuesto por su ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, constituye una hábil maniobra del eterno aspirante a jefe del PP en un momento de fuertes tensiones internas de su partido. Mata varios pájaros de un tiro y se sitúa al frente del ala más dura, esa que supuestamente le veía con desconfianza cuando ejercía como alcalde de Madrid. Con la cadena perpetua, contenta a los apologetas de la venganza y el castigo eterno. Con el endurecimiento de determinadas penas, hace frente a dos tipos de consecuencias provocadas por la degradación de las condicones de vida: el previsible incremento de los hurtos por necesidad  y el incendio de la protesta social en las calles.

Esta es la reforma propuesta por Gallardón en cuatro puntos.

1. Cadena perpetua y ETA. En lo relacionado con el conflicto vasco, el anuncio no es más que ruido para contentar a los sectores ultras. Gallardón ya se posicionó con ellos cuando animó a la Fiscalía a recurrir la libertad condicional de Iosu Uribetxeberria, siendo, en última instancia, el principal responsable de alargar su pena dos semanas más. A Gallardón casi se le escapa la palabra "ETA" durante su intervención. Sin embargo, la cadena perpetua solo se aplicaría en delitos cometidos a partir del momento en el que entre en vigor el nuevo Código Penal. Hay que tener en cuenta que la organización armada decretó hace más de un año el cese de su actividad, por lo que la propuesta queda reducida a un gesto de cara a contentar al facherío unionista. Faltará por concretar qué uso pretende darle el ministro al supuesto de retroactividad "en casos en los que sea más favorable" para el prisionero.

2. Cadena perpetua y Twitter. El otro supuesto de la "prisión permanente revisable", el de los casos "de especial gravedad" supone ceder la iniciativa legislativa al trending topic de Twitter y a los programas que explotan el sufrimiento ajeno hasta la náusea. Ya lo avisó Gallardón desde que se hizo cargo de la cartera. Casos excepcionales y horribles, como el de Marta del Castillo o José Bretón, se utilizan para hacer la norma. Se impone la lógica del linchamiento y la venganza frente al supuesto de "reinserción" que aparece dentro de la Constitución española (esa que ellos defienden). Podrían contarse con los dedos de una mano el número de crímenes de esta naturaleza ocurridos en el Estado español durante la última década. Pese a ello, el ministro los convierte en norma al utilizarlos como argumento para el cambio penal. Paradójicamente, el nuevo Código Penal no será aplicado en ninguno de los casos que han motivado el endurecimiento de las penas, ya que no es retroactivo.

3. Más penas por hurto. El paro, la disminución de ayudas y la progresiva pérdida de recursos conducen a la miseria a cada vez más ciudadanos dentro del Estado español. Una de las consecuencias podría ser el incremento de pequeños hurtos por necesidad. En lugar de hacer frente a las causas de este deterioro de las condiciones de vida, Gallardón lo ubica como problema de orden público, incrementando la tipificación penal por "reincidencia". El Estado español tiene uno de los índices de población encarcelada más altos de Europa. Con esta reforma aspira a llenar las cárceles de pobres.

4. Más represión para las protestas. Gallardón afirma que las penas por resistencia pasiva seguirán tipificadas como hasta ahora. Sin embargo, anuncia un endurecimiento de los delitos de "atentado", que suele ser el genérico con el que los agentes denuncian a los manifestantes a los que arrestan en protestas. Además, las convocatorias de movilizaciones pasan a estar en el punto de mira. Como en el punto anterior, el Gobierno español opta por ubicar el descontento en términos de orden público en lugar de hacer frente a las causas que motivan el incremento de la protesta. En el fondo, el Ejecutivo pretende exportar el modelo represivo aplicado en Euskal Herria a todo el Estado.

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