El propio Juan Calparsoro explicó ayer a la agencia Efe que, tras recibir la denuncia de Covite, tenía la potestad de archivarla o de abrir una investigación. Decidió lo segundo, por lo que ha ordenado incoar diligencias para establecer si Hasier Arraiz se dedicó a «justificar y reivindicar» la lucha armada de ETA cuando, el lunes pasado, realizó una intervención durante un acto en recuerdo de Santi Brouard y Josu Muguruza, dirigentes de la izquierda abertzale muertos en sendos atentados encuadrados en la guerra sucia del Estado español contra el independentismo vasco.

GARA recogía en su edición impresa de ayer -y todavía puede consultarse en NAIZ- las palabras textuales del coordinador nacional de Sortu, quien indicó que «hace 35 años la izquierda abertzale hizo una elección que consideramos hoy más que nunca acertada: no participamos en un juego que no tenía nada de democrático y nos hemos dedicado todo este tiempo a poner sobre la mesa las contradicciones de ese supuesto juego democrático».

Esta intervención fue manipulada por «El Mundo», que llegó a publicar que «Arraiz afirma que la decisión de matar en democracia fue `acertada'», y por «El Correo», que redactó que «HB `hizo una elección acertada' al no tomar parte en las instituciones y respaldar la violencia».

Particular lectura de prensa

Dentro de las actuaciones que emprenderá la Fiscalía, Calparsoro solicitará la transcripción literal de las manifestaciones de Arraiz y analizará si es necesario citarle a declarar, según informó Europa Press. Esa transcripción literal fue facilitada a los medios de comunicación el viernes por Maribi Ugarteburu. «Las interpretaciones de cada cual son libres, pero éste es el mensaje, ni más ni menos», puntualizó la representante de Sortu.

Por ello, Calparsoro podía haberse ahorrado esa diligencia si, antes de tomar su decisión, hubiera realizado una lectura de prensa menos tendenciosa de la que, al parecer, realiza habitualmente. Como ejemplo, el pasado verano anunció en una entrevista publicada en «El Diario Vasco» que había decidido de oficio, sin que nadie se lo pidiera, investigar la decisión del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) de paralizar las obras de la incineradora de Zubieta al considerar que las constructoras habían modificado sustancialmente el proyecto inicial. «No podemos mirar hacia otro lado. Hay que ver si las decisiones son ilegales», dijo entonces el fiscal superior, a quien le generaba «una gran inquietud que exista la posibilidad de que los ciudadanos tengan que pagar miles de millones de euros en indemnizaciones».

Precisamente, el pasado día 14, la Diputación de Gipuzkoa y las empresas afectadas sellaron un acuerdo que finiquita el proyecto con una indemnización de ocho millones de euros, muy lejos de la estratosférica cantidad que vaticinó Calparsoro, quien, por cierto, todavía no ha aclarado cuál ha sido el resultado de esas diligencias.

Si aquella decisión de la Fiscalía de investigar un posible desfase económico en una obra pública resultó insólita, la que anunció ayer fue calificada de «totalmente inaudita» por Pernando Barrena. El portavoz de Sortu instó a Calparsoro a «que deje de jugar a hacer política». Y a los representantes políticos que han dado pábulo a la citada manipulación informativa les preguntó «si era esto lo que buscaban realmente», aludiendo a que todo apunta a «un intento nostálgico de volver a los tiempos de las ilegalizaciones».