Los precedentes que explican el proceso independentista catalán son muchos. Hay quien se fija en los hechos más recientes y cercanos, como la sentencia del Tribunal Constitucional español contra la reforma del Estatut o el ciclo de consultas soberanistas municipales. Y hay quien retrocede hasta aquel 11 de setiembre de 1714 en el que las tropas borbónicas tomaron Barcelona a sangre y fuego. Pero de lo que no hay duda es que fue otro Onze de Setembre, el de 2012, el que dio el pistoletazo de salida al proceso actual. Aquel día, millón y medio de personas enviaron un mensaje político muy nítido a la clase política: queremos la independencia y queremos que os pongáis de acuerdo para conseguirla.

Fue la presión social y el rechazo de Mariano Rajoy a la propuesta de pacto fiscal patrocinada por CiU -probablemente la última opción que el Estado tuvo para desactivar el proceso sin conflicto- lo que llevó a los nacionalistas conservadores a un giro histórico sin el cual tampoco se explica la situación actual. Pocos días después, el 25 de setiembre, el president, Artur Mas, convocó elecciones anticipadas, comprometiéndose por primera vez a convocar una consulta y ligando su futuro político al devenir del proceso: «Lo intentaremos hacer de acuerdo con la ley pero, si no puede ser, lo haremos igualmente».

Tras una campaña electoral en la que se observaron los primeros indicios de «guerra sucia» provenientes de «las cloacas» del Estado -por cierto, se esperan nuevos capítulos en los próximos meses-, los resultados de las elecciones del 25 de noviembre de 2012, en las que el soberanismo ganó por goleada pero CiU perdió 12 diputados, lanzaron un doble mensaje de la sociedad civil a la clase política, similar al de la Diada: queremos una consulta sobre el futuro de Catalunya y queremos un liderazgo compartido.

CiU ganó indiscutiblemente los comicios, pero los 50 diputados cosechados dejaron a la coalición muy lejos de los 68 que solicitó en la campaña para obtener la mayoría absoluta. Entonces se impuso la negociación con el resto de formaciones soberanistas, con una doble vertiente: la negociación con ERC para garantizar la gobernabilidad -juntos suman 71 diputados- y el diálogo con ICV-EUiA y CUP -también con el PSC hasta hace no mucho tiempo- para ensanchar el acuerdo sobre el derecho a decidir.

Estas negociaciones quedaron selladas en dos fechas: el 19 de diciembre, cuando Artur Mas y el líder de ERC, Oriol Junqueras, sellaron el acuerdo de estabilidad parlamentaria; y el 23 de enero, cuando el Parlament aprobó la Declaración de Soberanía, que recoge que Catalunya es «sujeto político y jurídico soberano». Esta fue una votación que marcó la pauta de los posteriores acuerdos: CiU, ERC e ICV-EUiA se posicionaron a favor, la CUP dio un apoyo crítico y el PSC se mostró dividido -conviene seguir atentos a la evolución de este partido, ya que el próximo lunes sectores críticos del socialismo catalán podrían hacer una declaración pública a favor de la consulta-.

La necesidad de alcanzar acuerdos amplios para avanzar en el proceso, que en Catalunya se asumió desde el primer momento, conlleva la dificultad de tener que poner de acuerdo a partidos de izquierda y derecha, independentistas y federalistas. Al mismo tiempo, tiene la gran virtud de enviar mensajes contundentes cuando se alcanza el acuerdo, como ha ocurrido con el pacto logrado esta semana, una lección de negociación política de la que cabe tomar buena nota.

Eso sí, previamente, la última Diada demostró no solo que la base social independentista sigue ensanchándose, sino que además es capaz de autoorganizarse y montar con éxito una cadena humana de 400 kilómetros. De nuevo, la presión social dejó la pelota en el tejado de la clase política, que, pese a las dificultades, ha estado a la altura de las circunstancias.

A principios de semana, sin embargo, no lo parecía. Cada partido estiraba la cuerda hacia su terreno, el país vivía al borde de un ataque de nervios y la figura del president brillaba por su ausencia, generando dudas sobre su capacidad de liderazgo. Pero la negociación, discreta y efectiva, ya estaba en marcha, para sorpresa de analistas y periodistas, que no paraban de lanzar voces de alarma sobre el peligro de que el proceso embarrancase. Lección ejemplar para la prensa, también para quien esto escribe.

Según se ha sabido ahora, mientras el unionismo español celebraba el Día de la Constitución, Mas reunía a su equipo para perfilar la negociación. Con una jugada maestra, el Govern avisó a los periodistas de que fuesen reservando la última semana del año. Mientras cundía el pánico mediático, el martes Artur Mas cerraba el acuerdo, primero con su socio de federación, Josep Antoni Duran i Lleida, y luego con Junqueras -solo transcendió la primera reunión, aunque se dijo que no había acuerdo-. Al día siguiente, el president se reunió con Joan Herrera, de ICV-EUiA, y con David Fernández, de la CUP -tampoco se filtró nada-. Para cuando el jueves explotó la noticia de que todos estaban reunidos en el Palau de la Generalitat, el acuerdo estaba ya prácticamente cerrado.

Toda una lección de negociación política con mayúsculas. Sin embargo, la partida está lejos de haberse acabado y la unidad de las fuerzas soberanistas tendrá que pasar todavía otras pruebas de fuego. La más importante será, sin duda alguna, el camino a seguir una vez el Estado bloquee todas las vías legales para convocar la consulta. Aunque los partidos no lo han explicado públicamente, según ha podido saber GARA de fuentes muy cercanas a la negociación, Mas se comprometió en la reunión del jueves a firmar el decreto de convocatoria de la consulta pase lo que pase y haga lo que haga Madrid.

Lo que pueda suceder a continuación solo el tiempo lo aclarará. De lo que no hay duda es de que, si los partidos soberanistas consiguen mantener la unidad, tendrán a su lado una gran mayoría social que, a su vez, deberá empezar a mentalizarse para hacer frente a un mayor nivel de confrontación por parte del Estado, siendo consciente de que, en último término, es esa mayoría social sólida la única garante del proceso.