Tal y como se esperaba, la reforma de los impuestos de Sociedades, IRPF y Sucesiones y Donaciones fue aprobada ayer en las Juntas Generales de Gipuzkoa con los votos a favor de PNV, PSE y PP y en contra de Bildu y Aralar. En el debate, que tuvo más cariz político que económico, PNV y PP, por una parte, y Bildu, por otra, dejaron claro que defienden modelos fiscales diferentes. Por su parte, el PSE se agarró a la «armonización fiscal en Euskadi» para explicar su difícil posición.

Helena Franco afirmó que lo aprobado es «una contrarreforma que defiende los intereses de los lobbys -en referencia a las patronales Adegi y Confebask-, que están organizados y estructurados y pueden presionar, más que los de los ciudadanos y de los más débiles». En este sentido, añadió que las normas aprobadas «recogen fielmente las directrices marcadas por Adegi» en la ponencia de Juntas Generales.

La diputada recordó que la fiscalidad es «la principal fuente de recursos de la administración» y que «sin estos recursos no hay inversiones ni para Sanidad, ni Educación, ni Innovación, ni nada». La diputada añadió que quieren recaudar más «para hacer más cosas» y que «si la recaudación cae no habrá recursos públicos para gastos sociales». Finalmente, Franco vaticinó que la reforma aprobada «no será para largo, porque la realidad pondrá a cada uno en su sitio cuando nos quedemos sin recursos y haya que explicar a la gente que hay que hacer recortes sociales».

Por su parte, el portavoz del PNV, Markel Olano, defendió la teoría de que las deducciones a las empresas «son inversiones porque generan empleo, sube el IRPF y se termina recaudando más». Tras felicitarse por «el amplio apoyo político cosechado por la reforma, lo que da tranquilidad», el dirigente jeltzale añadió que la reforma «es un instrumento importante para el desarrollo y para salir de la crisis ayudando a las empresas grandes y a las pequeñas». Asimismo, acusó a Franco de hacer «una lectura falsa y apocalíptica» de las consecuencias de la reforma fiscal y redujo a 14 los millones de euros que se dejarán de recaudar con los cambios de normas propuestos.

En la misma línea, el portavoz del PP, Juan Carlos Carlos Cano, restó importancia a que con el nuevo sistema fiscal se vayan a recaudar 26 millones menos en Gipuzkoa -el político conservador sí dio por buenas las cifras de los técnicos de Hacienda- y afirmó que la recaudación «no depende tanto de la fiscalidad como de la riqueza que se genere. Se recaudará menos -puntualizó-, pero el dinero estará en manos de las empresas, por lo que será positivo».

Tanto Olano como Cano no dudaron en reconocer que su modelo de fiscalidad es totalmente diferente al de Bildu. En este sentido, Franco insistió en que la reforma aprobada va en contra de la progresividad y reducirá los recursos públicos de tal forma que no se podrán hacer frente a los gastos sociales.

Recuerdo del PSE a Patxi López

Entretanto, el PSE utilizó todas sus intervenciones no tanto para defender las bondades de la reforma fiscal de cara a los contribuyentes como para poner el acento en la armonización fiscal con Araba y Bizkaia.

El juntero Julio Astudillo habló de «acuerdo de país para una Euskadi más moderna y solidaria» y destacó el papel de su partido «para armonizar la fiscalidad», un proyecto que atribuyó al secretario general del PSE en la CAV, Patxi López. Por su parte, su compañero Mikel Arrizabalaga destacó que los cambios aprobados «son pasos hacia un sistema más justo, en base a un sistema más eficiente y moderno». Puso el acento en el nuevo impuesto de Sociedades afirmando que supone «un fortalecimiento de la capitalización de nuestras empresas y favorecerá su competitividad».

El juntero de Bildu Enrique Martínez replicó al PSE que «nadie explica porqué armonizar tiene que suponer el fin de la progresividad y una disminución de la recaudación» y acusó al tripartito de actuar contra el reglamento de las Juntas, de no haber buscado una fórmula que compense el descenso recaudatorio y de «haberse saltado la voluntad popular» al no tener en cuenta la ponencia de Juntas. Además, criticó el concepto de armonización poniendo como ejemplo la reforma del IRPF de la que dijo que es «una mera trasposición de la norma foral de Bizkaia, además de que dificulta la lucha contra el fraude, en la que Gipuzkoa ha sido ejemplo en los últimos años».

El acuerdo impide aportaciones

Desde el PNV, tanto Olano como su compañero José Corchón, dijeron haber tenido en cuenta las propuestas de la ponencia de Juntas e insistieron en acusar a tanto a la diputada de Hacienda como a Bildu en general de poner trabas a la tramitación de las reformas y de haberse negado a aportar enmiendas.

En su intervención, la portavoz de Bildu en la cámara, Idoia Ormazabal, respondió a los junteros jeltzales que la reforma fiscal «solo respeta uno de las doce recomendaciones que hizo la ponencia y es la referente a la armonización, que habría que decir que es más una uniformización». Asimismo, les acusó de mentir cuando hablaron de la falta de voluntad de la coalición para hacer aportaciones y lo demostró al leer de forma textual el apartado del pacto fiscal redactado por PNV, PSE y PP en el que se habla expresamente del compromiso de los firmantes para no modificar en las respectivas Juntas Generales ninguno de los puntos del acuerdo.

Ormazabal afirmó que, a pesar de la aprobación de la «contrarreforma», desde Bildu seguirán haciendo propuestas «para una fiscalidad más equitativa» y recordó que con el proyecto fiscal que defiende la coalición abertzale «se hubieran recaudado 29 millones de euros más».