Al día siguiente de la manifestación contra el derecho al aborto en París que, entre banderas españolas, tomó como referencia las limitaciones que pretende implantar el Gobierno español, la Asamblea francesa comenzó ayer a debatir el proyecto para convertir la interrupción voluntaria del embarazo en un derecho pleno para las mujeres.

El objetivo del proyecto, que ya fue aprobado en primera lectura en el Senado, es reservar una baja por paternidad a los padres, e incentivar que estos utilicen este permiso, una aspecto en el que existe un acuerdo general. Pero durante su tramitación se han incorporado dos enmiendas referentes a la interrupción del embrazo, que han provocado la cólera de los sectores más conservadores.

La primera está destinada a hacer caer el último obstáculo que se interponía entre la mujer y el acceso al aborto. La actual ley francesa, aprobada en 1975, señala que el aborto está reservado a la situación de «desamparo». La enmienda presentada por el PS establece que «una mujer embarazada que no quiera seguir con su gestación» puede pedir un aborto, cubierto por la seguridad social.

«El derecho al aborto debe ser considerado como un derecho pleno, no condicionado a ninguna justificación que se imponga a las mujeres», indicó en radio RTL la ministra de Derechos de las Mujeres y portavoz del Gobierno, Najtat Vallaud Belkacem, artífice de esta reforma. Además, defendió este derecho «frente a las tentaciones de regresión» actuales, citando el ejemplo español, frente al cual «Francia reafirma y consolida el derecho a la interrupción del embarazo».

«Esta autonomía en la elección es muy importante en un momento en que vemos en nuestro entorno que las tentativas de regresión son muy presentes. Lo vemos en España pero también en otros países europeos», añadió.

La encargada de presentar la reforma en la Asamblea, la diputada del PS Axelle Lemaire, afirmó ayer que «Francia tiene la responsabilidad de defender alto y fuerte» el derecho a la interrupción el embarazo frente a su cuestionamiento en Europa y en el mundo. «Los derechos de las mujeres, y en particular el derecho de acceso a la interrupción del embarazo» están fuertemente cuestionados en este momento, en referencia a la reforma prevista en el Estado español.

«Las mujeres españolas esperan de nosotros un gesto», añadió Lemaire.

Las enmiendas cuentan con el respaldo del PS y sus aliados de izquierdas.

Opositores al aborto

Los opositores al aborto también miraron hacia el Estado español pero en esta ocasión buscaban el ejemplo, en lugar de ofrecerlo. «El aborto pasa a ser, prácticamente la primera opción para un gran número de mujeres. Es un método anticonceptivo más. Es la banalización del aborto», aseguró la portavoz del colectivo «Juntos por la vida», que convocó la manifestación del domingo.

Las críticas al proyecto del PS pusieron como ejemplo el anteproyecto de ley presentado por el Gobierno español, que restringe el derecho al aborto a las mujeres violadas o aquellas cuya vida corra peligro en el momento del alumbramiento.

La oposición conservadora de la UMP aparece dividida, con algunos diputados favorables a la misma mientras que otros, representantes del ala democristiana, están en contra.

El ex primer ministro François Fillon consideró que el Gobierno comete «un fraude moral y político», insistiendo en el mismo argumento de la «banalización» y alegando «la división» en la sociedad francesa.

La principal contestación proviene del ultraderechista Frente Nacional, cuya líder, Marine Le Pen, aseguró que «el aborto no debe ser un método contraceptivo como los demás», y, en su lugar, propuso «poner en marcha medidas de acompañamiento a las mujeres solas y a las que quieren cuidar a sus niños».

El PS respondió que el verdadero problema es «la banalización del Frente Nacional», y no el aborto. Algunos de los cargos ultraderechistas, como el eurodiputado Bruno Gollnich, participaron en la manifestación del domingo, mientras que su fundador, Jean-Marie Le pen, ha mostrado públicamente su respaldo al proyecto del Gobierno español.

El otro caballo de batalla reside en la enmienda que busca reforzar el delito de «obstaculización» al aborto, penado con dos años de prisión y 30.000 euros de multa.

Prevista inicialmente para perseguir a todos aquellos que organizaran actos contra las clínicas que practican abortos, la enmienda extiende el castigo también a los que desinformen sobre el acceso a este derecho.

Para los opositores al aborto se trata de «un atentado a la libertad de expresión» que persigue el cierre de páginas de internet para impedirles hacer el trabajo de «acompañamiento a las mujeres embarazadas».

Vallaud Belkacem precisó que se trata de «reprimir la desinformación, no la información de alternativas al aborto, si se trata de una información equilibrada».

Más allá de la cuestión del aborto, la proposición legislativa modifica el dispositivo de los permisos parentales, para permitir que sea de un año (frente a seis meses actualmente) si se lo reparten a partes iguales entre el padre y la madre, con una compensación que podrá llegar a 573 euros al mes.

En la misma línea, para las familias de al menos dos hijos se podrán tomar un permiso laboral de tres años a condición de que el padre asuma al menos seis meses de suspensión de sus actividades profesionales.

Otra de las patas de la ley son las sanciones a las empresas que no cumplan con la equiparación de hombres y mujeres que tienen las mismas funciones, ya que junto a las multas en vigor (de hasta un 1 % de la facturación) no podrán acceder a licitaciones públicas.

Además, las cuotas de mujeres en los consejos de administración (tendrán que ser un 40 % en 2017) se amplían a las de 250 asalariados y un volumen de negocios de 50 millones de euros. La paridad se va a introducir progresivamente en el horizonte de 2020 en entidades como federaciones deportivas, cámaras de comercio o las instancias consultivas del Estado.