Terminó ayer el plazo de presentación de enmiendas a la propuesta del PNV de crear una ponencia de análisis del autogobierno y de bases para su actualización, y el resto de grupos parlamentarios han tomado posición. PSE, PP y UPyD, es decir, la minoría unionista del Parlamento, opta por tratar de poner coto a sus trabajos, evitando que se salga de los actuales marcos jurídicos. Los tres han presentado enmiendas a la totalidad de la proposición jeltzale. Por contra, EH Bildu registró una enmienda de adición, ya que pretende que la ponencia realice sus trabajos desde el reconocimiento de que Euskal Herria es «una nación de Europa» y de que el nuevo estatus recoja el derecho a decidir «en su integridad».

Hay también una cuestión de tiempos. Aunque los plazos deberían ser fijados por la propia ponencia u órgano que se cree, el PSE ya propone en su enmienda el mandato de que para los trabajos se cuente con «las aportaciones de los expertos e informes que propongan los grupos parlamentarios». EH Bildu, por su parte, señala la necesidad de que los debates y acuerdos parlamentarios se den «cuanto antes» para, de esta forma, poder «dar cuanto antes la palabra y la decisión a la ciudadanía vasca, que es a quien le corresponde».

EH Bildu: «Nación de Europa»

Los parlamentarios Hasier Arraiz y Pello Urizar fueron los encargados de registrar la enmienda de adición presentada por EH Bildu a la propuesta inicial jeltzale.

La proposición del PNV contempla «constituir» en la Cámara de Gasteiz «a través de la comisión que corresponda, una ponencia específica que analice el estado actual del autogobierno y que siente las bases para su actualización como expresión de la voluntad política del pueblo vasco representada en este Parlamento».

EH Bildu propone añadir que, «en la medida de que Euskal Herria es una nación de Europa», el nuevo estatus político «recogerá su reconocimiento político y su derecho a decidir». Además, aboga por que ese derecho a decidir» se reconozca «en su integridad», para determinar la política en su ámbito institucional, socioeconómico y en los ámbitos específicos de la lengua y la educación.

En rueda de prensa, Arraiz y Urizar explicaron que es el conjunto de Euskal Herria el que necesita un nuevo estatus, aunque los trabajos en el Parlamento de Gasteiz deberán obligatoriamente delimitarse al ámbito de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. En cualquier caso, el derecho a decidir incluiría las relaciones con los estados francés y español, y también «entre los propios territorios vascos». Destacaron que la ponencia, o la forma que adopte este debate, es «un instrumento con el objetivo de dar el poder a la ciudadanía».

Los representantes de EH Bildu remarcaron la necesidad de que todos los grupos participen en el debate, puesto que «la participación de todos es imprescindible a la hora de decidir el futuro político de este país». Arraiz y Urizar apostillaron que «es indispensable la cultura política que representa EH Bildu, pero también son imprescindibles las que representan PNV, PSE y PP».

PSE: «Reforma dentro de la ley»

En su enmienda a la totalidad, presentada ya hace una semana, el PSE dejó claros los límites del trabajo parlamentario en este terreno. José Antonio Pastor afirmó que su partido quiere hablar de un marco de autogobierno que «garantice mayores dosis de convivencia, bienestar y progreso para la sociedad vasca», y no de «aventuras soberanistas como las de la etapa de Ibarretxe que condujo a este país a un callejón sin salida».

Insistió en que «los socialistas no nos vamos a entretener hablando de sujetos políticos y de derecho a decidir, sino que queremos hablar de autogobierno para que combata mejor el fraude fiscal, para que incentive la economía y el empleo, mantenga una sanidad y educación públicas de calidad, y ayude a salir de la crisis».

El texto de la enmienda recoge la posibilidad de que «en su caso y de acuerdo con las previsiones legales» se aborde también «la posible reforma del Estatuto de Gernika, buscando el máximo consenso».

PP: «Dentro de la Constitución»

También la enmienda del PP contempla la posibilidad de reformar el estatuto. De hecho, la CAV es la única comunidad que no ha cambiado su texto inicial. Pero se aclara que, si se considera imprescindible una reforma, esta se elabore «en el marco de la Constitución de 1978 y la legalidad vigente». Además, señala que «las conclusiones de dicha ponencia en ningún caso podrán ser utilizadas para superar los marcos legales».

El PP -partido proveniente de AP, que rechazó el Estatuto- quiere que el Parlamento «se reafirme en la vigencia del Estatuto de Autonomía de 1979, como herramienta fundamental de desarrollo, progreso y modernización de Euskadi, así como marco de convivencia que ha permitido a nuestra Comunidad Autónoma alcanzar un nivel de autogobierno inédito en nuestra historia».

UPyD: «Marcha atrás»

Mientras la mayoría abertzale de la Cámara aboga por superar el actual marco y los partidos unionistas aceptarían una reforma estatutaria, lo que propone el único representante de UPyD es dar marcha atrás: que el Estado recupere competencias ahora transferidas y que «se suprima la disposición adicional primera de la Constitución español que consagra los derechos históricos de los territorios forales», tal y como se lee en su enmienda a la totalidad.

Presentadas las enmiendas, lo previsto es que la creación de la ponencia se debata en el pleno del 20 de febrero.