Entre mayo de 2008 y mayo de 2013 se han producido en el tramo de las obras del TAV dependientes del Gobierno de Lakua ya 5 muertes, 11 accidentes graves y 297 accidentes leves. La investigación de estos accidentes y otros informes realizado por organismo de control constatan la existencia de numerosas irregularidades en la realización de las obras, algunas de las cuales afectan a la seguridad de los trabajadores de las mismas.

En el último informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas que evaluó las obras públicas del Ejecutivo autonómico, llamaba la atención la advertencia de que, en las obras de los cuatro tramos del TAV contratadas por el Gobierno de Patxi López en 2011, la aprobación del plan de seguridad y salud se realizó una vez comenzados ya los trabajos, lo que incumple la legislación sobre disposiciones mínimas de seguridad en las obras de construcción.

Los sindicatos vascos han ido denunciado constantemente las condiciones en las que se están desarrollando estas obras de construcción, con turnos que llegan a superar las doce horas diarias, sin las medidas de seguridad necesarias y sin respetar los convenios provinciales del sector.

Pero estos datos, siendo graves, palidecen ante la constatación de que en las obras de la «Y vasca» hay operarios manejando explosivos sin disponer ni de la titulación ni de la formación ni del contrato legalmente exigible para ello.

El 9 de diciembre de 2010 se produjo una explosión en el tramo Legutio-Ezkoriatza del TAV en el denominado túnel de Albertia. Resultó muerto el trabajador ucraniano Mykola Vyschenkyy, resultando gravemente herido otro operario de origen búlgaro, de la subcontrata Hergon, y una vigilante de seguridad vallisoletana.

La explosión se produjo cuando ambos operarios procedían a la destrucción de los explosivos sobrantes de las voladuras realizadas en el túnel. Como la empresa no disponía de almacén para guardar los explosivos, por el coste que ello suponía, las entregas de cartuchos se realizaban los días en los que iban a utilizarse.

Para la destrucción de los cartuchos se procedía a su quema y en este caso, el fallecido y los heridos no se encontraban a la distancia suficiente para evitar los efectos de la explosión.

Lo que sucede es que los trabajadores que procedían a la destrucción de los explosivos habían sido contratados como simples encofradores y no disponían de la cualificación profesional requerida para la realización de estas funciones. Según detalla el informe realizado en su día del Departamento de Industria, el personal que llevaba a cabo la destrucción del explosivo no contaba con la cartilla de artillero, incumpliendo lo establecido al efecto» por las leyes y «no contando, por lo tanto, con la capacitación legal exigible para el uso de explosivo».

Además, «a pesar de lo especial de esta tarea y en función de lo establecido en la normativa de aplicación, no se encontraba presente personal técnico competente responsable de la voladura durante la destrucción, supervisando los trabajos».

Pero lo que añade gravedad a lo ocurrido es que el informe detalla además que «en el riesgo cubierto por la póliza de responsabilidad civil de esta empresa no se incluyen las voladuras ni trabajos con ella relacionados. Esta empresa no consta inscrita como empresa habilitada para la ejecución de voladuras especiales, mientras que los trabajadores han venido realizando trabajos directamente relacionados con esta actividad».

De hecho, el escrito constata que la evaluación de riesgos de Hergon aportada en su día no incluye el puesto de trabajo de artillero en el momento del accidente. La ficha correspondiente a este puesto de trabajo se elabora con posterioridad al accidente y no está firmada, ni se justifica la capacitación del personal que supuestamente la elaboró.

Este caso está desde principios de 2011 en el juzgado de Bergara, donde permanece paralizado sin avances desde entonces y sin que la Fiscalía ni las partes lo muevan. I.I.