Hoy celebramos el Día Internacional contra el Racismo y la Xeno-fobia, y teniendo en cuenta la serie de acontecimientos que estos últimos meses hemos conocido, creo conveniente realizar algunas reflexiones en torno al racismo institucional y el racismo social, desde la necesidad de impulsar en y desde Euskal Herria una nueva cultura de la diversidad.

Han pasado ya varios meses del trágico naufragio de Lampedusa en el que perdieron la vida cerca de 400 personas (se calcula que son más de 20.000 las que han perecido en los últimos diez años intentando alcanzar las costas europeas: el equivalente a toda la población de Zarautz), y unas semanas de la barbarie de Ceuta. Sin olvidarnos de otro tipo de casos como el de Leonarda Dibrani, una joven de 15 años detenida en plena excursión escolar y expulsada del Estado francés, o la negación de la nacionali-dad a una niña de tres años, nacida en Bizkaia, por no demostrar «buena conducta cívica».

Todas estas noticias, a diferentes niveles, vuelven a poner de manifiesto la verdadera faz de las políticas de migración y extranjería de los estados de la UE, incluidos el español y el francés. La externalización y militarización de las fronteras y las inversiones millonarias en vigilancia nada tienen que ver con supuestas labores de salvamento o de lucha contra el tráfico de personas, y sí con la necesidad estructural del capitalismo para garantizarse mano de obra barata y con su estrategia de deslocalización de la producción y generación de nichos de trabajo precarios (principalmente feminizados) en aquellas actividades no susceptibles de ser deslocalizadas.

Las declaraciones realizadas por la Defensora del Pueblo Soledad Becerril, afirmando que «no fue prudente» la utilización de pelotas de goma en Ceuta contra personas que pretendían entrar en el Estado español, reflejan de manera cruel la deshumanización inherente a dicha estrategia Resulta un auténtico sarcasmo que el blindaje de fronteras y el disparo de pelotas de goma contra personas que se encuentran en el agua -con la consecuencia de más de una docena de fallecimientos- merezca la valoración de «no prudente» a una representante institucional cuya función es, literalmente, «defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administra-ciones públicas». Tanto como la actitud de las autoridades italianas, que en la tragedia de Lampedusa no tuvieron mejor ocurrencia que dar la nacionalidad a las personas fallecidas para, después, repatriar a las supervivientes. Hay gestos que pretenden endulzar la realidad y que, finalmente, convertidos en mueca, no hacen sino retratar a quien los realiza.

Estamos ante una estrategia diseñada por el capital, alimentada por numerosas instituciones y que cuenta con el apoyo de una gran mayoría de medios de comunicación. Estrategia a la que no son ajenos los intentos de criminalización social del «diferente». Diremos lo mismo: la persecución de determinadas personas en función de su situación administrativa nada tiene que ver, por ejemplo, con la lucha contra el fraude y sí con la búsqueda de un chivo expiato-rio, como origen y causa de todos los males, para desviar la atención de los verdaderos responsa-bles de la crisis, la precarización laboral, la espe-culación inmobiliaria, los recortes de derechos o el desmantelamiento de los servicios públicos.

Ante esta realidad, nos encontramos con ciertas instituciones que están poniendo el acento en el trabajo de las llamadas redes anti-rumor. Sin cuestionar en ninguno momento la buena fe da las personas y colectivos que participan en estas dinámicas impulsadas tanto por el Gobierno Vasco (dando continuidad al anterior trabajo del Ejecutivo de Patxi López),, como por determinados ayuntamientos, sí considero necesario hacer una serie de reflexiones al respecto.

Lo primero que resulta paradójico es que tenemos situaciones, como las anteriormente citadas, de gran gravedad, derivadas de las actuales leyes de extranjería y refugio, y cuyos máximos responsables tienen un perfil institucional, y que, sin embargo, el foco de la responsabilidad de las actitudes xenófobas y racistas se dirija al conjunto de la sociedad.

Y no deja de ser sangrante que al mismo tiempo que se ponen en marcha campañas para luchar contra los prejuicios y los estereotipos, se realicen declaraciones poniendo bajo sospecha a colectivos enteros, relacionándolos con el fraude o la delincuencia o situándolos directamente fuera de la sociedad. Ejemplos no faltan, desgraciadamente. La anterior consejera de Empleo y Asuntos Sociales Gema Zabaleta justificó como forma de lucha contra el fraude el aumento de uno a tres años de padrón para el cobro de prestaciones, mientras, en paralelo, impulsaba el malogrado pacto por la inmigración en el que una de las medidas estrella eran, precisamente, los talleres anti-rumor. Recientemente, también la actual consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, Cristina Uriarte, relacionó determinados aspectos negativos del informe Pisa con la presencia de hijos e hijas de migrantes en las escuelas vascas. El ministro de Interior francés Manuel Valls también declaró, hace unos meses, que el pueblo romaní tenía «modos de vida que son extremadamente diferentes de los nuestros». ¿Y cómo ayuda a la lucha contra los rumores que un ayuntamiento señale que de las prestaciones sociales que se otorgan en su municipio un 90 % son percibidas por ciudadanos del municipio y sólo el 10% por «inmigrantes»? ¿Es que esas personas que define como «inmigrantes» no son ciudadanas de su municipio?

Digámoslo claramente: la mayor expresión de racismo, en la actualidad, es la institucional. Son gran parte de las instituciones las que clasifican a las personas en «nacionales», «extranjeras» o «inmigrantes», las que establecen diferentes derechos para unas y otras, las que promueven las leyes de extranjería con resultados catastróficos e inhumanos, y las que ahondan en esa idea del «otro» como amenaza. Las instituciones no pueden escudarse en el racismo social para esconder su responsabilidad.

En el caso de Euskal Herria también hay otros dos elementos que merecen especial atención. El primero está relacionado con el nada casual -bajo mi punto de vista- intento de hacer aparecer al conjunto de la sociedad vasca como racista. Los datos, sin embargo, dicen que, comparada, con las sociedades de su entorno, la nuestra es una de las que menor índice de intolerancia presenta ante el fenómeno de la migración. Con este dato no busco la complacencia, ni que bajemos la guardia: simplemente deseo remarcar que, si bien es necesario realizar un trabajo pedagógico de prevención de actitudes xenófobas, es inadmisible hacerlo con el objetivo de evitar la responsabilidad institucional de cada cual. El segundo elemento es la ausencia de reflexión por parte de agentes sociales e institucionales acerca de la falta de instrumentos políticos y jurídicos de los que, como pueblo, debemos disponer para gestionar de manera adecuada los derechos de ciudadanía.

La Diputación Foral de Gipuzkoa apuesta por una nueva cultura de la diversidad basada en el respeto y el mutuo reconocimiento, y alejada de viejos esquemas asimilacionistas. Esa es la base para una gestión adecuada de la diversidad en Euskal Herria. Y desde esa base estamos dispuestos a buscar amplios acuerdos sobre dos ideas fundamentales: la asunción por parte de las instituciones de su responsabilidad real en el problema del racismo y la xenofobia, y una reflexión sobre la falta de herramientas imprescindibles para la gestión de la diversidad en nuestro pueblo.

(*) Director de Migración y Diversidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa