Entre las personas que han sufrido la tortura y que ayer quisieron denunciar la situación de los cuatro jóvenes que serán juzgados a partir de lunes se encontraba Roberto Martínez del Campo, que ya estuvo preso en el franquismo y que luego, como Modesto García y Miren Edurne García Artal, volvió a conocer los rigores de los interrogatorios tras sus detenciones en 1981. Allí estaba también Unai Romano, cuya imagen, con la cara desfigurada tras la incomunicación, es ya un icono de la denuncia de la tortura y ha dado la vuelta al mundo a través de internet. En el mismo sumario, y en base a autoinculpaciones, fueron juzgados Juan Antonio Cortes, que también asistió a la comparecencia, y Susana Atxaerandio, que no pudo llegar a tiempo al acto. Varios de ellos mantienen recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como Ainhoa Villaverde, a la que el Tribunal Constitucional negó amparo después de que su denuncia fuera archivada sin ni siquiera escucharle. Había también otros torturados en diversas operaciones policiales contra Segi.

Todos ellos pusieron sobre la mesa una pregunta. ¿Con qué objetivo alguien puede inculparse a sí mismo o a un amigo durante un interrogatorio policial, para después negarlo todo ante el juez? Para responder recogieron el testimonio de alguien que tiene sobrados motivos para saber de qué habla, puesto que en su día fue director general de la Guardia Civil. Se trata de Luis Roldán, que en una entrevista en noviembre en «El País» afirmaba sin rubor: «¿Alguien se cree que declaran lo que declaran sin coacciones?». I.I.

Idoya Iragorri, Unai Ruiz, Goizane Pinedo e Irati Mujika negaron ayer la validez de sus declaraciones policiales por haber sido obtenidas bajo torturas, en la primera jornada del juicio contra los cuatro jóvenes independentistas que ayer dio comienzo en la Audiencia Nacional española. Todos ellos están procesados en el sumario 26/11, que quedó visto para sentencia el pasado 4 de febrero a la espera de que se desarrollase esta parte del juicio, ya que los cuatro jóvenes no se presentaron ante el tribunal e iniciaron una campaña de desobediencia hasta su arresto, cuando fueron conducidos a prisión, donde se encuentran actualmente.

Tras negarse a declarar ante el fiscal Luis Barroso y la acusación popular, ejercida por Dignidad y Justicia, los jóvenes denunciaron que los testimonios inculpatorios se obtuvieron mediante malos tratos. Se trata de un hecho clave ya que, tal y como quedó acreditado también durante la vista contra sus 36 compañeros de sumario, constituyen la base para las imputaciones. Un hecho que también quedó en evidencia ayer. Los guardias civiles y policías españoles que tomaron la palabra (algunos ejerciendo simultáneamente como testigos propuestos por la acusación y peritos) afirmaron haber desarrollado la operación de noviembre de 2009 basándose en seguimientos que habrían iniciado en 2007. Sin embargo, tras escucharles quedó claro que lo que perseguían eran actividades políticas: entre los «indicios» que los diversos agentes que desfilaron ante el tribunal estaban la colocación de pancartas o haber participado en ruedas de prensa. Las declaraciones de los agentes también pusieron de manifiesto el control ejercido por las Fuerzas de Seguridad españolas sobre locales de la sociedad civil vasca como asociaciones de vecinos o gaztetxes. Está previsto que el juicio quede visto para sentencia hoy mismo, cuando tengan lugar las periciales restantes, la elevación a definitivas de las conclusiones y los informes de las partes. Alberto PRADILLA