«Creo que insisten tanto en que vaya porque persiguen la imagen que tuvieron con el lehendakari Ibarretxe y yo esta gran victoria no se la quiero dar».

Así de franco se mostró ayer el president de la Generalitat, Artur Mas, a la hora de explicar las razones que le empujan a no asistir mañana al Congreso de los Diputados, donde el pleno debatirá y rechazará la proposición de ley del Parlament que solicita la cesión de la competencia para convocar referéndums a la Generalitat.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, fue la encargada de acabar con la especulación sobre la intervención o no del presidente español, Mariano Rajoy, y anunció desde Melilla que finalmente será el propio Rajoy quien «defenderá que la soberanía española no es una cuestión de siglas o de un partido, sino que es de todos los españoles» y que no se puede «ni trocear, ni negociar, ni repartir».

Toda una declaración de intenciones que permite anticipar el evidente resultado de un pleno en el que, más allá de supuestas distensiones y contraofertas estatales -se está hablan- do, y mucho, últimamente en Catalunya sobre el tema-, PP y PSOE se volverán a unir para rechazar el derecho a decidir de los catalanes.

Los tres emisarios del Parlament -que tendrán diez minutos cada uno para exponer la propuesta catalana- son conscientes de ello, lo que no les impedirá defender sin fisuras la consulta, aunque no será extraño escuchar matices en sus argumentos.

Mientras la presidenta de ERC, Marta Rovira, basará su discurso en el derecho democrático y universal de votar, es probable que el portavoz parlamentario de CiU, Jordi Turull, y el coordinador general de ICV-EUiA, Joan Herrera, se apoyen en algún momento en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la declaración de soberanía catalana, que advertía de que la consulta no tenía por qué ser inconstitucional.

De hecho, así se recoge en un informe del Govern presentado la semana pasada, en el que se asegura que la sentencia deja clara la constitucionalidad del derecho a decidir. La trampa radica en que no se puede decidir sobre nada que no esté previsto en la Constitución.

Por lo tanto, el uso de la sentencia no deja de ser un recurso retórico para emplear en la confrontación con el Estado, ya que más allá de filigranas argumentales, el fondo de la sentencia lo que viene a decir es que la soberanía es indivisiblemente española y que, por lo tanto, Catalunya no puede decidir su futuro político.

De hecho, este será uno de los principales argumentos de los partidos constitucionalistas, por lo que no será extraño que se dé la paradoja de que ambas partes utilicen la sentencia del Tribunal Constitucional para tratar de defender sus posicionamientos.

Unos partidos que, sin embargo, tratarán de no echar más leña al fuego y mantener un tono correcto en sus intervenciones, empezando por el propio PP, cuyo portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, anticipó la semana pasada que la posición de los populares será un «no dialogante». Aparentemente, han descubierto que cada bravuconada al sur del Ebro supone una nueva remesa de independentistas en Catalunya -los editoriales de «ABC» y «El País», así como las denuncias de Manos Limpias, han conseguido que la ANC haya pasado de 24.000 socios a 32.000 en menos de un mes-.

Dos maneras de entender

Pero más allá de la cordialidad o la crudeza que refleje el debate, la intervención de Rajoy y la ausencia de Mas ya muestran una forma diferente de entender el pleno de mañana.

Con su presencia, el conservador presidente español tratará de revestir de solemnidad el acto y, sobre todo la negativa a la consulta; buscará que la imagen de mañana sea la de la democracia española rechazando las intenciones catalanas.

Lejos de este fin de trayecto propuesto por Rajoy, la ausencia de Mas -así como la hoja de ruta independentista aprobada el sábado por la ANC- muestran que en Catalunya el debate se afronta como un paso más de un proceso que no se acaba con la negativa del Congreso.

Frente a aquellos que resulten tentados por inverosímiles interpretaciones constitucionales, el propio president fijó ayer su posición: «Podrán parar una ley porque tienen mayoría, pero no podrán parar la voluntad del pueblo catalán».