En una reflexión enviado a los medios de comunicación, entre ellos GARA, el Alto Comisionado para la Paz y delegado del Gobierno colombiano en las conversaciones de La Habana con las FARC-EP, Sergio Jaramillo, incide en que se debe «encontrar una solución que incluya a todos quienes participaron en el conflicto» y denuncia que «los enemigos» del conflicto quieran «reducir el fin de una guerra de 50 años y la construcción de la paz a una sola pregunta: ¿Los guerrilleros se van a la cárcel, sí o no?». Afirma que la justicia y la paz territorial requieren de «innovación y creatividad», lo que, insiste, exige «pensar de nuevo la relación entre la justicia y la paz en un proceso de paz». «Hay que pensar distinto, no solo en cómo hacer las cosas, sino en para qué las estamos haciendo», añade. Jaramillo plantea la siguiente interrogante: «¿A qué se debe dedicar la justicia penal, a investigar medio siglo de guerra o a la prevención de futuras violaciones y a la desarticulación de futuras amenazas sobre las comunidades?».

Insiste en que «lo principal es entender la paz como una oportunidad, como una gran palanca de cambio para hacer lo que no hemos logrado hacer en 50 años de guerra». Admite que «no hay posibilidad de que Colombia progrese de manera equitativa y sostenida ni no resolvemos el problema del campo y clarificamos y protegemos los derechos de la propiedad de la tierra».

Para ello, propone una nueva institucionalidad, nacida de un pacto entre el Estado y las comunidades. «Se trata de poner en marcha una verdadera campaña nacional de participación que movilice a la gente en las regiones alrededor de la construcción de la paz y de que entre autoridades y comunidades se piense en las características y necesidades del territorio, en las respuestas a esas necesidades y que, de manera concertada, se construyan planes para transformar los territorios», explica.

«En ese marco -subraya Jaramillo- es posible repensar la incorporación de las guerrillas. Si estamos pensando en transformar los territorios y crear institucionalidad sobre la base de la participación y la inclusión, estos procesos no se pueden limitar a ofrecerles oportunidades de vida a quienes han dejado las armas. Tienen que ser parte integral del proceso de reconstrucción territorial».

Advierte, no obstante, que si no se logra despertar el entusiasmo de «todos los sectores de la sociedad» y superar obstáculos como «la corrupción, el clientelismo, las redes de intereses y el crimen organizado -que se opondrán a cualquier intento de reconstrucción-, no habrá otra oportunidad».