Los inmigrantes en situación de «sin papeles» pueden volver a ser atendidos de forma gratuita en Nafarroa, sin que se les facture este servicio, después de la decisión tomada por el Tribunal Constitucional español (TC) y publicada ayer. Esta instancia ha levantado la suspensión dictada en diciembre pasado, cuando admitió a trámite el recurso del Gobierno del PP contra esta ley aprobada por la oposición en Nafarroa.

Con la aquiescencia de UPN, son ya numerosos los casos en que el Ejecutivo español ha bloqueado en el TC las normas aprobadas por la oposición navarra. Esta decisión del Constitucional supone por tanto un doble varapalo para el Gobierno Barcina. En este caso, la normativa salió adelante en el Parlamento navarro como respuesta a las restricciones impuestas desde el Gobierno español en 2012, que excluyó a estos inmigrantes de la cobertura.

En este punto, los jueces del TC no estiman los razonamientos de la Abogacía del Estado, que apeló al «impacto económico» de la norma para solicitar su veto. E introducen una reflexión interesante: «El derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas afectadas por las medidas impugnadas, así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, poseen una importancia singular en el marco constitucional, que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un ahorro económico que no ha podido ser concretado».

El Gobierno anulará facturas

No obstante, al mismo tiempo que garantiza la atención sanitaria gratuita, el Constitucional sí mantiene la suspensión de «la complementación de las prestaciones farmacéuticas» a estas personas.

Ello hace que la satisfacción de EH Bildu no sea completa. Pero sí usa el fallo para instar a PP y UPN a evitar los recortes. Y añade que «el derecho a la asistencia sanitaria universal y gratuita es un derecho que asiste a todas las personas sin conmiseración del color de su piel o su lugar de nacimiento».

Para el PSN, la decisión supone «un fracaso de la estrategia que el Gobierno de Rajoy está llevando en contra de las iniciativas legislativas aprobadas por la Cámara foral». I-E considera que «es un logro muy importante para que la asistencia sanitaria sea una prestación universalizada y no contributiva».

Desde los organismos de defensa de los colectivos afectados, Yolanda Rodríguez (Medicus Mundi) dijo a Efe que es una «noticia muy positiva». Rodríguez tildó de «clasista y xenófobo» el decreto aprobado hace dos años por el Ejecutivo español, origen de este conflicto.

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, también celebró esta decisión y la relacionó con la adoptada por el mismo TC en diciembre de 2012 en relación a la atención a inmigrantes en la CAV.

El Gobierno navarro indicó tras conocer el fallo que anulará las facturas emitidas, que dice que no se llegaron a entregar a los inmigrantes atendidos. Curiosamente, no aporta el número de estas facturas ni su montante, pero sí lo hace con el de personas cuya situación ha quedado suspendida desde diciembre: 200 peticiones que «serán tramitadas en breve».

Antecedentes

La decisión del Constitucional tiene una importante consecuencia política, al margen del tema concreto. Y es que deja en evidencia la actuación coordinada de UPN y PP para cercenar derechos sociales básicos o imponer otras políticas impopulares. La secuencia es muy similar en todos los casos: el Gobierno español impone recortes que UPN avala en Nafarroa, y cuando la oposición -mayoritaria en el Parlamento- aprueba una ley para corregirlos, el PP la bloquea por la vía del recurso al Tribunal Constitucional. Todo ello va restringiendo, a su vez, el autogobierno navarro, con la conformidad implícita de UPN.

Así, además de este recurso se han presentado otros ante el TC para frenar leyes que regulan el papel del Parlamento navarro en las empresas públicas navarra, plantean expropiar temporalmente viviendas de los bancos para alojar a víctimas de desahucios, obligan a la Iglesia a pagar el IBI o establecen listas de objetores a practicar abortos.

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, es el mayor defensor de esta ofensiva. La ha justificado argumentando que en el Parlamento navarro «se están uniendo grupos que no deberían estar juntos», en referencia a PSN y EH Bildu.