Ekologistak Martxan compareció ayer en la Comisión de Medio Ambiente y Políticas Territoriales de la Cámara de Gasteiz para explicar por qué defiende que Lakua no llevó a cabo en 2012 un control efectivo sobre la planta de Zabalgarbi, que incumplió la normativa medioambiental. De nada sirvieron las explicaciones detalladas de los profesores universitarios Carlos Arribas y Gorka Bueno, pues PNV, PSE y PP defendieron la apuesta política por la incineración, a pesar de que se superan los límites de emisiones y no haya una vigilancia efectiva sobre residuos peligrosos y escorias que genera y que van a parar a vertederos de Larrabetzu, Zalla, Lemoa e Igorre.

Precisamente en Zalla, su Ayuntamiento ha presentado un recurso de alzada contra la resolución de Medio Ambiente que modifica y ejecuta la Autorización Ambiental Integrada (AAI) del vertedero de Las Lagunas, donde van a parar las escorias de la incineradora. El viceconsejero Josean Galera dijo ayer que Cespa «cumple las numerosas condiciones exigidas para su actividad y no existe afección ambiental derivada».

Las tres formaciones trataron de desacreditar al organismo ecologista, llegando el parlamentario jeltzale Joseba Mirena Zorrilla a tacharles de «lobby anti-incineración»; no faltó la referencia a Gipuzkoa con comentarios erróneos, como que se ha llegado a plantear derivar sus basuras a la planta vizcaina.

Lo hicieron después de que la consejera Ana Oregi defendiera la «modélica gestión» de Zabalgarbi, diciendo que la superación en cuatro ocasiones de las emisiones contaminantes que, en el caso de las particulas en suspensión obligó a la parada de la planta, era «puntual». De la información transmitida no quedó claro cuáles son las medidas que se han adoptado desde Medio Ambiente para que la incineradora cumpla las condiciones fijadas en la AAI, lo que llevó a EH Bildu, que fue quien impulsó ambas comparecencias parlamentarias, a decir que «el Gobierno vasco está actuando con dejadez».

Fueron explicaciones muy vagas que contentaron a PNV, PSE y PP, que se centraron en desacreditar a los ecologistas. Sin escuchar el detallado argumentario del colectivo, María del Carmen López de Ocariz (PP) y Natalia Rojo (PSE) les acusaron de «sembrar la duda» sobre la incineradora y crear «alarma social», dando más valor al informe que otros profesores de la UPV-EHU hicieron por encargo de Zabalgarbi.

Marian Beitialarrangoitia (EH Bildu) cuestionó la «defensa a ultranza» de Zabalgarbi e insistió en que Oregi no había respondido a las interrogantes que plantea el informe de Ekologistak Martxan sobre la vigilancia efectiva de Lakua. «Es evidente que falta control y que detrás de eso subyace la apuesta por un modelo de gestión de residuos basado en la incineración».

El profesor Carlos Arribas reconoció más tarde que las contestaciones de Medio Ambiente a sus dudas han sido «insatisfactorias» y que aguardan desde hace cuatro meses que el departamento valide la valoración energética de Zabalgarbi. Recordó los incumplimientos y cómo se realizaron vertidos al Kadagua sin control.

«La falta de validación del Gobierno es especialmente importante porque se trata de aclarar si estamos ante una mera planta incineradora o hablamos de una actividad que sí hace valorización energética», explicó Beitialarrangoitia.

Negocio con las primas

El profesor Gorka Bueno manifestó que Zabalgarbi es un proyecto «viejo», gestado en 1993, donde los números ahora no salen por el incremento del precio del gas natural y los cambios en las primas que recibe del Gobierno español esta planta de ciclo combinado que también quema basuras.

El ingeniero desveló que el 70% del combustible de la incineradora es gas natural y que la quema de basuras no genera energía adicional, sino que condiciona la eficacia. Precisamente de eficacia habló al final de la comparecencia, al desvelar que el diputado vizcaino de Medio Ambiente, el jeltzale Josu Madariaga, les había reconocido en una reciente entrevista que los datos de reciclaje de 2013 aportados por la institución foral eran erróneos, aunque lo trató de justificar porque otras administraciones también lo hacen.

«Nos reconoció que nuestro análisis de los datos de reciclaje eran correctos y que habían incurrido en errores metodológicos», de modo que situaron en el 50% el nivel de reciclaje frente al 36% real. Lo cierto es que la Diputación vizcaina no ha desmentido a Ekologistak Martxan.