LAB acusa al Ejecutivo de UPN de privatizar lo público y un ejemplo es que del centenar de plazas que tiene la residencia pública de Santo Domingo de Lizarra veinte están libres mientras en otro centro de la localidad hay lista de espera. «No es un hecho casual sino que responde a una planificación para dejar de dar servicio público en beneficio privado», defienden desde la central abertzale.

«La lógica del Gobierno hace que, al haber menos camas cubiertas, haya menos contratación de personal y que con menos personal no se pueda acoger a más internos», explican. La de Lizarra es junto a la de El Vergel, en Iruñea, las únicas residencias públicas para personas mayores que hay en Nafarroa.

El sindicato recordó que hace dos años ya se vivió una situación similar en la residencia El Vergel. Entonces también dejaron que numerosas plazas quedaran vacías pero tras las denuncias de LAB se solventó. «En Santo Domingo -explicaron en la concentración de ayer ante la sede del Departamento de Bienestar Social- el desmantelamiento continúa con el propio estado de las instalaciones, donde no se hacen las reparaciones y adecuaciones necesarias dejando que las instalaciones se vayan deteriorando».

La central se queja de que la política de UPN haya conseguido que se vea «normal» tener que ir a centros privados cuando las personas mayores necesitan una residencia. «Esta manera de gestionar -argumentan desde LAB- hace que suponga un enorme gasto para las familias que tienen que ingresar a algún familiar en las residencias privadas, mientras estas personas se benefician de los conciertos y subvenciones del Departamento» de Bienestar Social.

Ante los riesgos de agresiones

En otro orden de cosas, el director de Recursos Humanos de Osakidetza, José María Armentia, explicó ayer que el Servicio Vasco de Salud quiere tener completada para el próximo año una evaluación de los riesgos de agresiones de pacientes a sus profesionales, que se elaborará a través de cuestionarios personalizados.

Armentia compareció en comisión parlamentaria para explicar la incidencia de la violencia verbal o física contra los trabajadores de Osakidetza, que ilustró con los datos de los que dispone la entidad desde el año 2008. Estas agresiones se han reducido un 15% en 2013 con respecto a 2012. El pasado año se registraron 403 agresiones, de las cuales 124 las padecieron enfermeras, 112 médicos y 91 auxiliares sanitarios.

El 76% de quienes las padecieron fueron mujeres y de las 403 denuncias, 297 fueron por lo que se denominan «incidentes», agresiones «menores u otras situaciones de violencia» que no producen lesión física ni repercusiones sicológicas. De los 106 «accidentes» restantes, 24 fueron agresiones con daño físico o con daño sicológico que provocaron bajas médicas.

José María Armentia enmarcó estos datos en un contexto en el que el pasado año los médicos de familia de Osakidetza atendieron más de 9 millones de consultas, los servicios de urgencias a 865.000 y las consultas de salud mental a 750.000. Explicó que el Servicio Vasco de Salud va a incluir las agresiones a sus profesiones como uno de los riesgos sicosociales a tener en cuenta en la política de prevención de la entidad.