Ni los rebeldes prorrusos del este de Ucrania ni el Gobierno de Kiev se sienten concernidos por el acuerdo alcanzado en Ginebra entre Estados Unidos, Rusia, Ucrania y la UE para rebajar la tensión de esta crisis. Este texto prevé el desarme de los grupos armados ilegales, la liberación de los edificios públicos y calles ocupadas y una amnistía para los insurgentes «sin delitos de sangre».

La coincidencia de la Pascua ortodoxa con la católica llevó ayer cierta calma a la región. El único movimiento fue la toma la torre de televisión en Kramatorsk por parte de las milicias prorrusas, que interrumpieron la transmisión de los canales nacionales y conectaron la televisión rusa.

En Donetsk se mantiene la misma situación y los prorrusos controlan todavía la sede de la administración regional donde han proclamado la «República de Donetsk», rodeada de barricadas con sacos de arena, neumáticos y muebles, bajo la vigilancia de hombres encapuchados. «Seguimos igual. Un sacerdote ortodoxo está con nosotros en el interior y vamos a celebrar la Pascua esta noche», señalaba uno de ellos.

«Sanciones inaceptables»

Rusia considera que la pelota está en el tejado del Gobierno ucraniano y los países occidentales que le apoyan. El Kremlin rechaza ser la única parte que debe asumir compromisos derivados del acuerdo y juzgó «inaceptables» las amenazas de Estados Unidos de aplicar nuevas sanciones si no se desalojaban los edificios ocupados en el este y se desarmaba a los grupos prorrusos. «Creo que nada debería impedir la normalización» de relaciones entre Rusia y los occidentales. Pero eso no depende de nosotros. Depende de nuestros socios», señaló Putin en una entrevista en televisión.

Por otra parte, Moscú confirmó por primera vez que ha desplazado tropas a la frontera con Ucrania por la situación creada en el país vecino.

Kiev no desarma Maidán

Las autoridades de Kiev, por su parte, prometieron la descentralización del país y una protección especial para la lengua rusa, según anunciaron el presidente interino Olexandre Turchinov y el primer ministro Arseni Yatseniuk.

La Cancillería de Ucrania anunció que ya ha dado los primeros pasos para aplicar los acuerdos de Ginebra, como la suspensión de la fase activa de la «operación antiterrorista» durante las fiestas de la Pascua, excepto la campaña de incautación de armas ilegales entre la población civil lanzada por el Ministerio del Interior. Además, el Gobierno ucraniano dio de plazo hasta el 1 de octubre para presentar las propuestas de reforma constitucional con el objetivo de descentralizar el poder ejecutivo.

Pero estas palabras pueden no resultar suficientes para quienes reclaman una federación y no confían en las autoridades surgidas de la revuelta de Maidán, como señalaba un sondeo publicado ayer, que indicaba que el 70% de los habitantes del este las consideran ilegítimas.

Además,Kiev rechaza desarmar a las milicias del Sector de Derechas o a las que ha rebautizado como «guardia nacional» y sostiene que la ocupación de Maidán es legal.

«Exigimos al Gobierno ucraniano que desarme primero a los grupos ilegales que actuaron en el Maidán, como el Sector de Derechas, y esa Guardia Nacional que han creado. Luego depondremos las armas y desalojaremos los edificios», dijo a Efe Kirill Rudenko, portavoz de la «República Popular de Donetsk».

Washington, por su parte, sigue poniendo el foco en Rusia a quien amenaza con nuevas sanciones. Susan Rice, consejera de Seguridad Nacional del presidente, Barack Obama, señaló que EEUU «observará de cerca» sus acciones «para ver si cumple o no la responsabilidad que le incumbe en usar su considerable influencia para frenar y hace que las milicias irregulares se retiren de los edificios que ocupan».

El secretario de Estado, John Kerry, también presionó a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, a quien, en una conversación telefónica, exhortó «al respeto total e inmediato del acuerdo de Ginebra del 17 de abril». Kerry estimó que los próximos días serán «un período crucial» para todas las partes.