Aritz INTXUSTA IRUÑEA

Abren la vía legal para que el Ejército repare el derribo del penal de Ezkaba

El Consejo de Navarra deberá pronunciarse sobre si Príncipe de Viana autorizó las obras que realizó el Ejército español en la cárcel de Ezkaba respetando las leyes sobre patrimonio. Tras una larga batalla legal, la asociación Autobús de la Memoria logra que este organismo valore la destrucción de los elementos arquitectónicos que convirtieron el fortín en cárcel. El fallo podría derivar en la nulidad de los derribos y, por tanto, obligar a su reconstrucción.

Una sentencia del Contencioso Administrativo va a obligar al Consejo de Navarra a revisar la legalidad de las obras que el Ejército español aprovechó para eliminar los restos de la cárcel militar de Ezkaba, una de las más inhumanas que crearon los fascistas tras el golpe militar de 1936. El Autobús de la Memoria, coordinadora de una decena de asociaciones memorialistas navarras, ha conseguido el fallo favorable que abre el camino a que la intervención se considere «nula» y, por tanto, los destrozos tengan que ser reparados.

En 2009 y disimulando la intervención como unas obras de «desbroce» de matojos, el Ejército derribó los tres muros que se construyeron dentro del obsoleto fortín militar Alfonso XII para convertirlo en una prisión de guerra. Durante estas obras se destruyeron también testimonios históricos de un valor notable, como las inscripciones de los presos en las paredes de sus celdas, que son irrecuperables en su mayoría.

Este intento del Ejército de borrar el recuerdo del horror que se hizo pasar a republicanos y abertzales solo fue posible gracias a la permisividad con la que actuó el Gobierno de Nafarroa y, concretamente, la institución Príncipe de Viana, que es la que ha quedado en evidencia en la sentencia que ha hecho pública el Autobús de la Memoria. Con esta sentencia, se acreditaría que el Gobierno navarro fue tan permisivo que actuó de forma irregular.

Según explicó Joxe Abaurrea, abogado de la asociación memorialista, el Ejército hizo lo imposible para que los derribos pasaran desapercibidos. El proyecto lo redactó un ingeniero de montes, no se solicitó permiso al Ayuntamiento de Berriobeiti y se trató todo directamente con el Gobierno, para dotar de opacidad al proceso y actuar de espaldas a los colectivos más sensibilizados con la historia de la prisión-fortaleza. De hecho, según han corroborado testigos, el Ejército acometió parte de las obras por la noche para llamar menos la atención.

La vía legal que ha abierto el Autobús de la Memoria se ha dirigido a las irregularidades en este proceso por la falta de licencia y por ser contrario a las leyes urbanísticas. Con la nueva sentencia, se da pie a que el Consejo de Navarra se pronuncie sobre la intervención, algo a lo que hasta ahora se había opuesto el Departamento de Cultura. Si el Consejo acepta que las obras no han respetado las leyes de conservación del patrimonio, serían consideradas «nulas» y, por lo tanto, habría que reparar el daño causado y dejarlo todo como estaba.

Reconstrucción y fuga

El Autobús entiende que en esa reparación cabe la reconstrucción de los muros de la cárcel. Según expuso Abaurrea, «la ley así lo indica, siempre y cuando se indique que se trata de una reconstrucción y no del muro auténtico». Además, la asociación recuerda que hay proyectos para convertir las instalaciones militares del monte Ezkaba en un lugar para recordar a las víctimas de la dictadura, debido a la magnitud de las instalaciones (llegó a alojar más de 2.500 presos) y a la fama de la cárcel donde se produjo la mayor fuga del franquismo y también la más sangrienta, con 795 presos huidos. A 585 los atraparon durante la fuga y 211 fueron ejecutados. Solo tres de ellos lograron alcanzar la muga con Ipar Euskal Herria y escapar.

Pese al derribo, la reconstrucción de los tres muros es viable dado que existe documentación suficiente sobre sus dimensiones y emplazamiento. De hecho, el Autobús de la Memoria llegó a publicar un libro donde se relata al detalle el alcance de la agresión que cometió el Ejército en 2009. De hecho, este libro fue empleado como prueba pericial en el proceso judicial.

Con la llegada de esta denuncia al Consejo de Navarra, después de que los denunciantes hayan solventado todos los escollos que ha interpuesto el Gobierno, se podrá entrar al fin al fondo de la cuestión, que es si el Ejército fue respetuoso con la leyes de patrimonio cuando borró los restos de la prisión. Esta es la clave, dado que el Ministerio de Defensa sigue figurando como el propietario del fuerte.

Abaurrea opina que la intención última del Ejército es entregar la propiedad de las instalaciones militares al Gobierno navarro pero que, antes de ello, «quiere borrar toda huella de la prisión, para que solo quede el recuerdo de que fue un fortín desde el que se podía dominar Iruñea». De hecho, los fondos para acometer las obras que se aprovecharon para destrozar los restos de la prisión salieron de una enmienda que presentó Geroa Bai. El Ejército no usa esas instalaciones porque están obsoletas y, de hecho, jamás las empleó, ya que la construcción de las instalaciones se dilató tanto que el inicio de la aviación las hizo inservibles. Por eso, su único uso fue el de prisión.

El Autobús critica el «dedazo» en la Comisión Técnica de la Memoria Histórica

Karlos Otxoa, uno de los portavoces del Autobús de la Memoria, se mostró crítico con la composición de la nueva Comisión Técnica de Coordinación en materia de Memoria Histórica que se ha formado a raíz de la nueva ley foral sobre este asunto, promulgada el año pasado. Otxoa criticó que, de los 13 puestos que se han creado en el comité (presidente y 12 vocales), solo dos se hayan reservado para las asociaciones memorialistas. Además, asegura que el Gobierno de UPN está incumpliendo la ley al haber adjudicado a dedo estos asientos en el Comité Técnico. Según figura redactado en la ley, deberán ser las asociaciones de familiares o representantes de estos quienes deban elegir qué personas defenderán sus intereses en la comisión. Sin embargo, ha sido el Gobierno de Yolanda Barcina quien ha elegido a las dos asociaciones que ocuparán esos puestos y lo ha hecho sin consultar a nadie.

La elección de UPN, a través del consejero de Interior, Javier Morrás, ha recaído en la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra (AFFN) y la Asociación Pueblo de las Viudas de Sartaguda. En la rueda de prensa del martes pasado, el Autobús hizo un emplazamiento público a estas dos asociaciones para que no tomen posesión de esos puestos y que se decida «entre todos los colectivos memorialistas» quién los ocupará. Desde el Autobús se advierte a las entidades seleccionadas de que, en caso de que acepten los cargos, «se representarán solo a sí mismas». Por otro lado, José Ramón Urtasun, también miembro del Autobús, criticó que las asociaciones de familiares tengan preponderancia con respecto al resto de colectivos memorialistas. A.I.