El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) obligó ayer al Estado español a paralizar la expulsión de 30 saharauis «hasta que se produzca una decisión definitiva sobre sus demandas de protección internacional». Los demandantes de asilo llegaron en patera a Fuerteventura (Canarias) entre enero de 2011 y agosto de 2012, tras huir del campamento de Gdeim Izik, a 12 kilómetros de El Aaiún, que fue violentamente desalojado por la Policía marroquí.

A su llegada pidieron protección internacional ante el temor a sufrir tratos inhumanos si eran devueltos a Marruecos, pero esta fue rechazada por el Ministerio de Interior, que ordenó una expulsión que finalmente no se produjo.

El Ministerio de Interior tildó sus alegaciones de «contradictorias e insuficientes», mientras que el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados sostuvo que eran «coherentes» y los indicios «suficientes» para aceptarlas.

Los demandantes, representados por los abogados de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, presentaron recursos contencioso-administrativos contra las órdenes de expulsión y solicitaron su suspensión hasta que se examinaran, pero la Audiencia Nacional española denegó esa solicitud.

Solo la aplicación de las medidas provisionales de la Corte europea, a la que acudieron entre enero de 2011 y octubre de 2012, impidió que se ejecutaran las expulsiones.

El delegado del Frente Polisario en Canarias, Hamdi Mansur, remarcó que estas personas «salen huyendo de un infierno de represión y de violación de los derechos humanos», por lo que «se les debe conceder mínimamente un asilo político o una protección».