El Estado francés confirmó ayer su intención de limitar su déficit público al 3% del PIB en 2015, cumpliendo de este modo las obligaciones marcadas por Bruselas, a costa de un plan de recortes sin precedentes que ha sido contestado por sectores de la izquierda.

El anuncio de las previsiones presupuestarias hasta 2017 se registra mientras el Gobierno sufre para reconquistar a una opinión pública que se queja de la incapacidad del Partido Socialista (PS) para relanzar el crecimiento y hacer descender la tasa de paro.

El nuevo primer ministro, Manuel Valls, apóstol del social-liberalismo, tiene la difícil tarea de convencer a su propia mayoría parlamentaria de la necesidad de continuar con las políticas de rigor y de recortes. Se precisan grandes dosis de optimismo para percibir que Valls pueda salir triunfante de su apuesta.

El ministro de Finanzas, Michel Sapin, acompañado del secretario de Estado de Presupuestos, Christian Eckert, presentó ayer el «programa de estabilidad», un ejercicio de previsiones plurianual al que desde el año pasado se someten todos los estados que utilizan el euro como moneda.

Confirmó la intención de París de limitar el déficit público al 3% del PIB en 2015, pero solo después de superar una etapa con el 3,8% durante este año. El ministro de Finanzas afirmó que volver al 3%, umbral de tolerancia en la zona euro, no era «una cuestión de fetichismo o de sumisión». En 2013, el déficit público francés alcanzó el 4,3% del PIB.

Retrasado una semana para realizar ajustes, el texto deberá ser sometido a voto en la Asamblea Nacional francesa el próximo martes. Posteriormente, podrá ser enviado a la Comisión Europea, que deberá decir, en el plazo de un mes, si le convence o no la estrategia presentada por París.

Todo ello, en un escenario en el que el Estado francés se encuentra, desde comienzos de marzo, bajo vigilancia, como el Estado español o Irlanda, tras beneficiarse de dos retrasos en la obligación de ceñirse al límite del 3% del déficit.

Paralelamente, París espera un repunte del crecimiento, a expensas de una mejora de la coyuntura internacional, especialmente gracias a un aumento de las exportaciones pero también debido a su política de desgravaciones fiscales y sociales.

El Gobierno francés confía en que en 2014 se pueda alcanzar un crecimiento del 1% del PIB y que la curva ascendente aumente hasta llegar al entorno del 2,25% en 2016 y 2017.

50.000 millones de recortes

Para convencer a la Comisión Europea, guardiana de los compromisos presupuestarios, el Estado francés tiene previsto utilizar otra herramienta: recortes de 50.000 millones de euros.

«Ahorrar 50.000 millones de euros en el periodo 2015-2017 en un ritmo natural de evolución es lo que hace falta para limitar la progresión del gasto público al ritmo de la inflación, lo que nos permitirá continuar con la reducción de los déficits sin tener que aumentar los impuestos», prometió el ministro de Finanzas.

Eckert precisó que el Gobierno había decidido concentrar cerca de la mitad de los 50.000 millones de euros de recortes en el año 2015, cuando aplicará ajustes de 21.000 millones. Al año siguiente, los recortes alcanzarán los 16.000 millones, mientras que los 13.000 millones restantes llegarán en 2017.

Este plan ya había sido criticado en las filas del PS incluso antes de que hubiera sido presentado. Incluye recortes de 21.000 millones de euros en protección social, 18.000 millones de euros en administración del Estado y 11.000 millones en las colectividades territoriales. Afecta asimismo a las prestaciones sociales, incluidas las jubilaciones más bajas, y la congelación de los sueldos de los funcionarios.

El argumento del Gobierno de Valls es que estos recortes se complementan con un «pacto de responsabilidad y solidaridad» que incluye medidas como desgravaciones de 30.000 millones de euros en las cotizaciones patronales, a las que hay que añadir un descenso de 10.000 millones en la fiscalidad de las empresas (hasta 2017) y 5.000 millones de medidas sociales y fiscales para el empleo doméstico. El Gobierno espera que con estas medidas puedan crearse hasta 200.000 empleos más.

Se mantiene la división en el PS

El martes, el primer ministro tuvo que reunirse con diputados de su propio partido, el PS, para tratar de convencerles de la necesidad de implementar estas medidas. Los diputados reclaman modificaciones para que funcionarios y jubilados con pensiones bajas no sean los principales perjudicados de las políticas de recortes sociales.

Sin embargo, no parece que la reunión fuera excesivamente productiva. Ayer, el mismo día en el que Sapin presentaba el plan, Laurent Baumel, diputado del PS por Indre-et-Loire, calificaba, en una entrevista en el diario «Libération», la reunión con Valls de «puesta en escena. Fue un intento de mostrar que el grupo [parlamentario] dialoga, una operación de comunicación. Es una apariencia de diálogo que no se traduce en hechos».

Baumel adelantaba que los diputados del PS disconformes con Valls no votarán a favor de los recortes en la Asamblea Nacional. Dejaba en el aire si el voto sería negativo u optarían por la abstención, pero descartaba categóricamente un voto favorable.

El referente de los diputados críticos del PS tuvo también duras palabras para el Gobierno de Valls y para el ministro Sapin, a quienes acusó de inflexibles y de no haber escuchado a los votantes de las elecciones municipales ni a los electos de la Asamblea Nacional, llegando a acusarles de «déspotas».

Estos recortes sociales se registran después de la derrota sufrida por los socialdemócratas en las elecciones municipales de finales de marzo, cuando se vivió una victoria de la derecha y un crecimiento histórico de la extrema derecha. El presidente de la República, François Hollande, se encuentra en el punto más bajo de las encuestas de opinión después de que haya sido incapaz de incumplir la promesa de invertir la curva del crecimiento continuo del paro. Hollande ha llegado a decir que «no hay ninguna razón de ser candidato» a la reelección para un segundo mandato en 2017 si el paro no ha bajado para entonces.

El Estado francés debía haber reducido en 2013, según las directrices de la Comisión Europea, su déficit hasta el 4,1%, pero ha superado este límite en dos décimas.

La reunión del 2 de junio de la Comisión Europea aparece como decisiva para el futuro político de Valls, ya que Bruselas ya ha avisado a París de que debe ajustarse al calendario pactado para la reducción del déficit, que obliga a rebajarlo hasta el 3,6% en 2014 y por debajo del 3% en 2015.