Los colectivos Stop Desahucios e IRPH Stop registraron ayer un escrito en la sede principal de Kutxa de Donostia en el que denuncian la falta de respuesta de esta entidad a sus peticiones para que se acepte la dación en pago con alquiler social y las condonaciones de deuda, pese a que esta entidad «posee al menos 161 viviendas vacías en Gipuzkoa».

En el transcurso de la concentración llevada a cabo en el exterior de la entidad, la portavoz de Stop Desahucios de Gipuzkoa, Rosa García, explicó que este escrito es similar al que entregaron en mano el 27 de marzo para que sus reivindicaciones fueran tratadas en el consejo de administración de Kutxa, lo que impidió su presidente, Xabier Iturbe, al no hacérselo llegar a los consejeros pese a que había sido registrado previamente, «intentando con ello impedir su debate», según aseguró.

Tras recordar que PNV, Bildu, PSOE y CCOO apoyaron sus reivindicaciones en la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular de las plataformas antidesahucios, denunció que los consejeros de estos partidos y de este sindicato en las cajas «las rechazan sistemáticamente, salvo honrosas excepciones», en alusión a Bildu, que apoyó expresamente la petición.

«Idéntica contradicción o hipocresía -añadió- muestran PNV y PSE en el caso del índice abusivo IRPH, cuya eliminación por parte de Kutxa han promovido apoyando mociones e iniciativas en numerosos ayuntamientos, en Juntas Generales y en el Parlamento Vasco, si bien Kutxa sigue aplicando el IRPH».

Remarcó que ello sigue siendo posible «gracias al voto de los consejeros de estos partidos, al que se suman los representantes de las secciones sindicales de CCOO y Pixkanaka».

Requisitos «imposibles»

La portavoz de Kaleratzeak Stop explicó que «la excusa que utilizan los gestores políticos y directivos de Kutxabank para no conceder apenas daciones en pago es que los miles de peticionarios no cumplen los requisitos establecidos en el llamado decreto Guindos, que cifra en 150.000 euros el precio de la vivienda en Donostia, cuando en plena burbuja inmobiliaria Euskadi ostentaba el precio más alto del Estado».

A su juicio, estos requisitos resultan «imposibles de cumplir» porque los límites del precio de adquisición de viviendas que establece están muy por debajo de los del mercado.

García destacó que lo que debe hacer Kutxabank es «adecuar» esos parámetros a la situación de su territorio y clientes, tal y como establece el artículo 5.8 de dicho decreto, algo que, sin embargo, «no hace».

En este sentido, pidió al PNV que explique cómo es posible que en el servicio de ayuda al sobreendeudamiento familiar puesto en marcha por el PSOE para las familias hipotecadas en riesgo de exclusión, el tope de la vivienda habitual esté en 350.000 euros y este mismo tope que responde a la media del precio en la CAV no se utiliza para para conceder las daciones en pago con alquiler social, cuando otras entidades financieras sí lo están concediendo para vergüenza de Kutxabank y sus dirigentes».

Como prueba de de ello, adjuntaron una copia de la negativa dada a un cliente cuya vivienda fue adquirida en Elgoibar por 159.268 euros, precio que «excede», según Kutxa, «el valor máximo contemplado para el municipio de Elgoibar, establecido en 120.000 euros».

Por último, denunciaron que en vez de rectificar esta política antisocial, «los gestores políticos y directivos nos amenazan con otra vuelta de tuerca: la privatización de las cajas y la liquidación de la obra social».