Los suizos acudieron ayer a las urnas para decidir sobre cuatro iniciativas bien diferentes: la compra aprobada en setiembre por el Parlamento de 22 aviones de combate; elevar el salario mínimo a unos 3.270 euros mensuales; impedir que las personas condenadas por pedofilia puedan trabajar en contacto con niños y la inclusión en la Constitución de la atención primaria.

Según los resultados oficiales definitivos, el 50,9% de los votantes se pronunció en contra de la compra de más aviones militares, cuyo gasto ascendía a 3.000 millones de francos suizos (2.500 millones de euros).

Esos aviones debían reemplazar 54 Tiger F-5 que entraron en funcionamiento hace treinta años y que el Ministerio suizo de Defensa consideraba obsoletos e incapaces de garantizar la seguridad del espacio aéreo, por lo que se planeaba pasarlos a retiro en 2016.

Además de los Tiger F-5, Suiza cuenta con una flota de cazas supersónicos 32 F-A 18, cuyo número se considera insuficiente pero que las autoridades creían que podía ser bien complementado por los 22 Gripen.

El colectivo «Por una Suiza sin Ejército» logró lanzar una iniciativa popular en contra de esa compra alegando que Suiza no tiene necesidad de gastar tanto dinero en una renovación de equipamiento militar que no es prioritaria. Los argumentos económicos, sin duda, calaron entre el electorado.

Tras confirmarse el resultado del referéndum, los analistas indicaron que ahora las autoridades deben «interpretar» el sentido del «No» expresado en las urnas empezando por saber si fue un rechazo al avión sueco, en particular, o a nuevos aviones de combate, en general.

El Parlamento suizo tiene entre sus opciones la de lanzar un nuevo proceso de adquisición, que podría tomar hasta diez años, o esperar hasta 2025, cuando tengan que renovarse los F-A 18, y hacer una sola gran compra. También existe la alternativa de simplemente alquilar aviones, aunque esto sería como intentar esquivar la voluntad popular, que en Suiza existe la tradición y la obligación legal de respetar.

Los suizo también rechazaron en referéndum y por una amplia mayoría la instauración de un salario mínimo legal de 4.000 francos (3.270 euros) o 22 francos la hora (18 euros).

El 76% de los votantes se pronunció en contra de esta propuesta de los sindicatos, y el «No» venció en 19 de los 26 cantones del país.

Los sindicatos, apoyados por el Partido Socialista y Verde, lanzaron esta iniciativa como una forma de contrarrestar la creciente desigualdad salarial en uno de los países más caros del mundo. Los gremios patronales y los partidos conservadores expresaron su rechazo bajo el argumento de que provocaría la destrucción de empleos.

Los salarios más bajos en Suiza corresponden, de manera general, a las actividades de limpieza, a la restauración, la hostelería, la venta y al cuidado de personas, ocupaciones en las que se utiliza ampliamente el trabajo a tiempo parcial. Representantes de ramas de la hostelería y la restauración denunciaron en campaña que establecer un salario mínimo de 4.000 francos obligaría a los pequeños y medianos empresarios a eliminar puestos de trabajo..

Actualmente, un trabajador con un sueldo mínimo en Suiza estaría ganando el doble que un británico. A pesar de esto, las autoridades estiman que aproximadamente 1 de cada 10 trabajadores tienen dificultades para pagar la el alquiler de su vivienda aunque trabajen a tiempo completo, debido al alto coste de la vida en el país. El sueldo medio por hora en el país es de 33 francos suizos (27 euros).

Según las estadísticas oficiales, de las 339.000 personas que actualmente cobran por debajo de ese salario mínimo, se estima que dos de cada tres son mujeres y la mayoría trabajan en la venta al por menor, hoteles o servicios personales.

La asociación Mujeres Socialistas Suizas tildó el rechazo al salario mínimo de «bofetada» para las trabajadoras.

Asimismo, un 63,5% de los electores votó a favor de la prohibición de por vida, para cualquier persona condenada por abusos sexuales contra un niño o una persona dependiente, ejercer una actividad profesional o voluntaria en contacto con estos colectivos.

De este modo, Suiza tendrá una ley más rígida que los países vecinos, ya que la justicia no podrá tomar en cuenta la gravedad de los actos y deberá aplicar automáticamente la prohibición de ejercer.

Sobre este asunto, la ministra de Justicia y Policía, Simonetta Sommaruga, dijo en una rueda de prensa que este voto pone a Suiza ante un «dilema», ya que es imposible aplicar lo votado «sin violar la Constitución».

Finalmente, Suiza enmendará su Constitución para financiar a más doctores familiares en las zonas rurales.