Iñaki IRIONDO GASTEIZ
MUERTE DE IÑIGO CABACAS

Lakua negó la Instrucción 73 por ser «reservada» y la 6 por «confidencial»

Pese a la afirmación realizada por el Departamento de Seguridad el pasado martes asegurando que «ha facilitado toda la información exigida por la jueza» que instruye la muerte de Iñigo Cabacas, GARA puede probar que le negó el contenido de la instrucción número 6 por ser «confidencial» y el de la 73 por ser «reservada». Lakua menciona el artículo 32 de la Ley de Policía que exige secreto a los agentes, no a la Consejería.

Tal y como publicó GARA el pasado domingo, el Departamento de Seguridad ha negado a la jueza que instruye la muerte de Iñigo Cabacas, Ana Torres, el contenido de las instrucciones de actuación que le solicitó como parte de la investigación del caso. Se trata de la Instrucción número 6, revisión 5, de febrero de 2009, y de la Instrucción número 73 sobre uso de material antidisturbios.

Según la respuesta remitida por el viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, a la jueza, la Instrucción número 6 regula la protección del ejercicio del derecho de reunión y manifestación, lo que excluye la actuación policial ante hechos como los ocurridos tras el partido del Athletic del 5 de abril de 2012, en los que Iñigo Cabacas cayó mortalmente herido por un pelotazo en la cabeza. En el mismo escrito, Zubiaga apunta que la Instrucción número 73 es posterior a esos hechos.

Expertos en la materia y con conocimiento del funcionamiento interno de la Ertzaintza sostienen que la Instrucción número 6 era perfectamente aplicable «por analogía» a lo ocurrido en el callejón de María Díaz de Haro. En todo caso, corresponde a la jueza -que había admitido la petición de esas instrucciones policiales, mientras rechaza otras muchas que realizan las partes personadas- determinar si le son o no de utilidad para su investigación.

El viceconsejero de Seguridad añade que las instrucciones policiales como la número 6 son «confidenciales», lo que les confiere una «protección especial» y que no deben salir fuera del ámbito policial.

En cuanto a la Instrucción 73, sostiene que esta tiene un grado de secretismo aún mayor, puesto que tiene la calificación de «reservada», lo que le añade un plus de confidencialidad.

En manos de 8.000 agentes

De nuevo, fuentes expertas ponen en duda tanto secreto. Señalan que este tipo de protocolos policiales son conocidos por el conjunto de los agentes del cuerpo, cerca de 8.000 personas. Y que la cautela que suele ponerse es que no se copien y divulguen fuera del cuerpo.

De hecho, GARA reprodujo el domingo partes de la Instrucción número 6 que rige cosas como quién debe ordenar una actuación o que se debe avisar antes de cargar. Nada que justifique ningún secreto.

Artículo 32 de la Ley de Policía

En su escrito a la jueza, el viceconsejero de Seguridad hace mención al artículo 32 de la Ley de Policía, aunque no lo cita. Dicho artículo, enmarcado en el Código Deontológico, recoge que los agentes de la Ertzaintza «deberán guardar secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones, salvo que el ejercicio de las mismas o las disposiciones de la ley les impongan actuar de otra manera».

Este artículo, que afecta a los agentes de policía y no a los responsables políticos del Departamento, es evidente que lo que prohíbe es que los ertzainas utilicen fuera de su trabajo datos conocidos en el mismo. No parece que esto tenga nada que ver con negar instrucciones policiales a la jueza de un caso.

Desmentido del Departamento

El martes, después de que EH Bildu anunciara la petición de comparecencia de la consejera para que explicara esta negación de información, el Departamento de Seguridad hizo pública una nota asegurando que «como cada vez que se le ha solicitado, ha facilitado toda la información exigida por la jueza».

Pese a esta afirmación tan rotunda, la nota añadía que «es la Jueza la que deberá, en su caso, valorar si ve la necesidad de solicitar más pruebas o más información. Y esto es así también en el caso de las instrucciones» mencionadas.

Además, acusaba a EH Bildu de injerencia política inaceptable en la instrucción del caso.