El debate sobre el proceso tendente a la privatización de Kutxabank está ocupando cada vez más espacio en la actualidad económica y política, y estas páginas son testigo de ello, pues no hay semana en la que no se publique en ellas algún artículo al respecto. Se trata de una controversia que había estado limitada a los ámbitos más directamente ligados a la entidad financiera por ser un tanto farragosa y «técnica», pero que ha empezado a trascender al conjunto de la opinión pública, cada vez más consciente de que es mucho lo que está en juego; nada más y nada menos que la pérdida del control público de uno de los instrumentos financieros más importantes del país.

Frente al argumento de quienes detentan el poder en Kutxabank de que todos los pasos están tasados y que no queda más remedio que abrir las puertas a la privatización, lo cierto es que sí existen alternativas que incluso dentro del marco fijado por la Ley de Fundaciones Bancarias -cuyo desarrollo específico no ha hecho el Gobierno autonómico- pueden garantizar que la entidad surgida de la unión de BBK, Kutxa y Vital Kutxa mantenga su carácter social y público. El contrato de integración daba pie a la aplicación de algunas de esas medidas, como las citadas ayer por EH Bildu, pero podrían ser otras si existiera voluntad política para ello.

El problema es que no parece que exista. La presidenta del PNV en Bizkaia, Itxaso Atutxa, anunció ayer la existencia de un principio de acuerdo con el PSE para la transformación de las cajas en fundaciones bancarias, un pacto al que aspiran incorporar al PP, algo que no tendrán dificultad en conseguir pues las tres formaciones han ido de la mano desde el primer momento. De esta forma, de espaldas a la ciudadanía y haciendo bandera de la política de hechos consumados, este tripartito de facto pretende cerrar el círculo que empezó a dibujar hace casi tres años y que puede despojar a la sociedad vasca de uno de sus principales activos. Aun hay margen para evitarlo, pero los plazos se agotan.