El Departamento de Administración Pública y Justicia remitió el 9 de abril una comunicación al Ayuntamiento de Zizurkil en la que le requería que, en el plazo de veinte días, revocase, anulase y dejase sin efecto un decreto de alcaldía del 18 de diciembre que paralizaba una planta de hormigón de la UTE Hernialde-Zizurkil que suministra a las obras del TAV. Lakua insta por tanto a las autoridades locales a que permitan una instalación -de la que es titular la constructora Altuna y Uria SA- que no dispone de las licencias de obras y actividad, según constataron los técnicos municipales, antes de emitir el preceptivo informe.

El de Zizurkil no es el único caso, ya que la situación se repite en Andoain y Antzuola. El departamento que dirige Josu Erkoreka es el que coacciona a los pequeños ayuntamientos, defendiendo los intereses de las empresas adjudicatarias del TAV a pesar de que hay sentencias que señalan que las plantas que se han levantado en zonas auxiliares de los tajos son ilegales.

Las pequeñas administraciones se ven indefensas ante esas comunicaciones, pues no disponen de los medios económicos y humanos para afrontar una costosa batalla legal. Esta faceta la está llevando a cabo la patronal de áridos y hormigones, que ve atacados sus intereses por estas nuevas prácticas empresariales a la sombra de la construcción de grandes infraestructuras públicas.

Además, según fuentes jurídicas, se da el caso de que los ayuntamientos reclaman documentación a Euskal Trenbide Sarea (ETS) o Adif, dependiendo del tramo de la «Y vasca» que corresponda, para esclarecer los asuntos, pero no se facilitan los expedientes requeridos o se aporta información parcial.

Práctica empresarial habitual

En los últimos años, asociado a grandes obras viarias y ferroviarias, las firmas adjudicatarias de los proyectos han optado por la construcción de grandes plantas de hormigón con las que pretende rebajar los costes e incrementar sus beneficios. En los presupuestos fijan precios de mercado y luego consiguen bajarlos. Aduciendo que están exentas de solicitar licencias de obra y actividad, se emplazan esas infraestructuras que no pagan tasas y impuestos municipales, y se evitan los exhaustivos controles como actividad molesta y contaminante.

Esa práctica ha sido denunciada desde la propia patronal del sector, que ha denunciado todos los casos que ha detectado. La Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (Anefhop) ha interpuesto distintas denuncias que han resultado favorables a sus intereses en Zornotza y Andoain, actuando ahora en otros casos en Antzuola y Zizurkil.

En las resoluciones judiciales, los tribunales apuntan a que esas instalaciones no son auxiliares y necesarias para la ejecución de las obras, incidiendo en que ya existen infraestructuras similares de las empresas del sector para abastecerles. Por tanto, los jueces no aceptan que esas plantas de hormigón sean estratégicas o de «interés general», sino más bien una maniobra de las constructoras para incrementar sus márgenes de beneficios a costa de hacer competencia desleal a las compañías especializadas.

La sentencia de Zornotza es del 27 de marzo de 2013 y lleva la firma del Juzgado de lo Contencioso Admnistrativo nº 3 de Bilbo, a la que siguió otra referida a otra planta en Andoain -que promovió Azpikola 2004 SL para abastecer a los trabajos del TAV entre esa localidad y Zizurkil- de otro juzgado de Donostia de octubre del año pasado, que avala la decisión de la Junta de Gobierno de denegar la licencia de actividad.

En ese caso, se otorgó una primera licencia siendo todavía primer edil Estanis Amutxastegi, del PSE. Luego, la llegada de Bildu llevó a un análisis de la situación y a una denegación del permiso, acuerdo que avaló el Juzgado de la Contencioso Administrativo nº 3 de Donostia. La planta de áridos y hormigón se ubicó en una vieja cantera de Azpikola en desuso desde los años 70, donde sus impulsores pretendían luego crear un polígono industrial, aduciendo que en las cercanías se iba a excavar una galería de ataque y emergencías al túnel de Aduna, y que pretendían extraer 400.000 metros cúbicos de ella, además de emplazar la supuesta planta de hormigonado «móvil». Lo curioso es que en las proximodades hay una de Rezola, que denuncia competencia desleal.

En ese escenario, se interpuso en ese juzgado otro recurso por parte de Anefhop para paralizar otra planta en Antzuola, esta vez no promovida por una UTE sino por Construcciones Altuna y Uria SA, que acomete el tramo Antzuola-Ezkio. Esa misma empresa es la titular de la instalación de la planta de Zizurkil, a la que Lakua defiende en contra de los intereses públicos, amenazando a las autoridades locales.