Y para ello ha puesto en marcha una nueva ley educativa, la LOMCE, que podríamos definir como una ley centralizadora, que deja todo en manos de Madrid, que acaba con la autonomía de los centros, que hace diferencias entre el alumnado, sin garantizar la igualdad de oportunidades, que pone la educación en manos de las necesidades del mercado, que convierte a los equipos directivos en órganos de poder al servicio de las administraciones y que pretende controlar ideológica mente a las futuras generaciones, así como acabar con cualquier seña de identidad de las naciones sin estado del Estado español. Una ley, que en contra de su título, propiciará una pérdida de puestos de trabajo y en consecuencia una merma en la calidad de la enseñanza.

Esto no es nuevo, llevan siglos imponiendo su proyecto, imponiéndolo por la fuerza, vulnerando derechos e intentando acabar con una gran riqueza cultural. No se ha arrepentido de sus palabras ni ha reconocido error alguno ya que esto vende. En campaña electoral en Galizia y Euskadi, intenta atraer los votos de los «españolizados». No es nuevo este intento de control sobre la escuela y en Navarra sabemos mucho de eso (zonificación de la ley del vascuence, imposición de textos escolares, malabares políticos para desviar dinero a colegios del opus dei, campañas de matriculación en las que no se hace nada por la educación en euskara...)

Aunque más tarde vendrá todo lo referente a la educación profesional, destaca en esta ley un enfoque bastante marcado hacia las necesidades del mercado laboral sin tener en cuenta que la educación debería ser, prioritariamente, un instrumento individual y colectivo para la formación y realización integral de todas las personas y de la sociedad. Pretende «canalizar una mayor proporción de estudiantes a la formación profesional» al mismo tiempo que estamos siendo testigos de la reducción progresiva de inversión en la misma (hace años que el deterioro es notorio). Mas bien parece que pretenda que el grueso de las futuras generaciones sea mano de obra barata. Volvemos al modelo de hace 50 años, en el que el alumnado «que obtiene peores resultados» era dirigido hacia la F. P. Es un ataque a la igualdad de oportunidades y una forma de diseñar una sociedad en la que las diferencias de clase sean más marcadas y que sea más elitista. No son estas las medidas que necesita la FP, no, lo que necesita es un cambio radical, que haga inversiones potentes, que recoja las necesidades del alumnado a la vez que es competitiva. Necesita medidas que la revaloricen como una oferta digna que satisfaga al alumnado que decida ir por esta vía.

Señala como una de las fortalezas del sistema el «sistema general de becas y ayudas al estudio», pero solo para una parte del alumnado, para los que funcionan bien con el sistema actual. El sistema educativo debería ser universal, también para el alumnado que no tenga unos resultados demasiado brillantes. La educación es un derecho y no se puede discriminar por ningún motivo. La gratuidad es la única medida que garantiza este derecho. Los países que obtienen los mejores resultados en materia de educación llevan esta medida hasta las últimas consecuencias. El alumnado no lleva a la escuela ni un lápiz. Siendo esto así, no hacen falta becas de estudio.

Es una contradicción que hable de «ofrecer las trayectorias más adecuadas» mientras están reduciendo recursos, tanto humanos como materiales, que lo que van a hacer es que se reduzca la atención al alumnado con necesidades especiales y la atención a la diversidad (justamente lo contrario de lo que predica). Para llevar a efecto este principio es imprescindible que aumente la inversión, que cada alumna y alumno reciba la educación adaptada a sus habilidades, situación....Y para esto, señor ministro hay que elegir: el dinero público para cemento o para educación. Usted ya ha elegido.

Tanto el tema de las pruebas obligatorias a final de cada etapa obligatoria, como el de aumentar el porcentaje de contenidos del curriculum que fija el estado son dos medidas que suponen un ataque frontal tanto a la autonomía de los centros como a la capacidad de decisión de las CCAA. Al proponer unas pruebas en las que la mayor parte la va a diseñar el gobierno del estado, va a haber una uniformización tanto de los contenidos como de métodos pedagógicos, va a ser «café para todos» ya que la presión sobre cada centro y cada profesor o profesora va a ser tremenda, llevando a la mayoría al único objetivo de superar esas pruebas. Países como Finlandia, que repetidamente consiguen los mejores datos en lo relativo al éxito escolar, dejan en manos de los centros, de las familias de cada uno de ellos la decisión sobre una parte importante del curriculum (el 25%), repito, en cada uno de los centros escolares. No se puede tratar igual a un niño o niña que viva en un medio rural o urbano, que viva en un barrio u otro, que viva en el norte o en el sur del estado. La educación será equitativa solamente si se tiene en cuenta la realidad de cada centro escolar, el pueblo o barrio donde se ubique, la situación económica de las familias que concurren en él...Los niños y niñas tienen derecho a conocer su historia, cultura y lengua; la de cada nación del estado. Solo teniendo en cuenta estos factores, la escuela será un elemento para conseguir ciudadanas y ciudadanos libres.

Las medidas propuestas por el ministro español son más un intento de controlar y diseñar las futuras generaciones que de darles la oportunidad de tener una educación integral.

Elimina la selectividad pero pone una prueba a final de bachiller que habrá que superar para obtener el título de bachiller. Hasta ahora el alumnado que aprobaba bachiller tenía su título, independientemente de lo que pasara con la selectividad. Por otro lado, otorga a las universidades la capacidad de realizar pruebas de ingreso, dejándolo en sus manos, sin ningún control. Hasta ahora la prueba de acceso era objetiva, la misma para todos y todas, corregida por el mismo equipo de profesores y profesoras y anónima. Esto suponía una garantía de equidad, de ahora en adelante será arbitrario, lo que nos pondrá en una situación en la que los derechos del alumnado no sean respetados.

Tampoco podemos olvidar el intento de dar a los y las directoras mayor capacidad decisiva: «Separación de funciones: equipo directivo las decisorias, consejo escolar las consultivas». Esta medida pretende asegurar que los centros sean lo que la administración diga, anulando la autonomía de los centros y dejando a las familias y profesorado sin ninguna capacidad decisoria.

A mí no me llama a espanto este nuevo intento, este es uno más. Llevamos siglos sufriendo imposiciones dirigidas a acabar con nuestra personalidad propia, con nuestra cultura, con nuestra lengua, con nuestra organización política... En Navarra 5 en concreto, pero hoy es el día en que una parte importante de la población se resiste a ser españolizada y en consecuencia reivindicamos un sistema educativo propio para Euskal Herria, con una organización y un curriculum propio que tenga en cuenta la realidad lingüística, cultural, social y económica de nuestra tierra, de nuestra nación. Donde la participación y el consenso sea una de las características de nuestros centros escolares.