Pues bien, el ayuntamiento de la villa ha obligado a más de 500 familias a prescindir de un servicio fundamental como este, a través del cual parte del alumnado de primaria y secundaria ha podido ampliar y afianzar sus resultados académicos esquivando así, en muchos casos, el fracaso escolar. Todo ello sin desatender otros aspectos importantes del desarrollo de las personas como la educación en valores, el entrenamiento en habilidades sociales o la habilidad para resolver conflictos. Una escalofriante reducción del 83% del presupuesto para esta iniciativa socioeducativa por parte del área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Bilbao, ha sido la causante de la suspensión de la ‘Escuela de verano 2012’ y de los talleres de apoyo escolar 2012-2013 de todos los distritos, salvo los de Otxarkoaga y San Francisco.
Decisiones de este calado que afectan directamente a la calidad de vida y desarrollo personal y social de tantas personas se ceban, una vez más, con la población económicamente más desfavorecidas. Estas personas se verán obligadas a realizar un importantísimo esfuerzo para costearse una alternativa privada de apoyo escolar, cuando no a prescindir de cualquier tipo de apoyo, empujando a muchos menores al fracaso escolar. Así es como la crisis sistémica que acecha vuelve a convertirse en la coartada perfecta para introducir la tijera salvajemente en el cajón de lo social y lo educativo, hasta dejar heridos de muerte a proyectos como el que componen las compañeras de ‘Gugaz aurrera’.
Actos como este, y no otros de tipo propagandístico, dejan en evidencia la verdadera importancia que desde instancias institucionales se le concede a las iniciativas educativas en época de crisis, y retrata perfectamente a sus responsables ante la sociedad. Llegados a este punto, quizá convenga recordar a los responsables municipales el carácter estratégico de la educación en la construcción y el desarrollo de las sociedades. Una colectividad cohesionada, plenamente desarrollada e inclusiva en todas sus vertientes, solamente será posible mediante el establecimiento de un sólido sistema de servicios públicos, en el cual los servicios educativos adquieren una importancia relevante de cara a impulsar procesos de crecimiento personales y colectivos en la población. Pues bien, desde el inicio de la crisis han sido precisamente la educación y la acción social las víctimas favoritas de los recortes, mientras se han continuado impulsando proyectos que poco tienen que ver con las necesidades reales de la población como la construcción del TAV o la inyección de dinero público a entidades bancarias con el fin de «sanearlas» mientras sus máximos responsables se aseguran ingentes cantidades de dinero con carácter vitalicio.
Socavar los derechos laborales de la ciudadanía, limitar el acceso a la sanidad pública o a la asistencia social o restringir servicios educativos, no son opciones obligadas. Quienes las adoptan lo hacen de manera consciente, sabiendo que las cosas se pueden hacer de otra manera y sabiendo también que las consecuencias serán desastrosas a corto plazo, desde un punto de vista social. Ante esta situación, solo la organización y las luchas contra los recortes podrán empujar a las instituciones a replantearse esta manera de proceder. En este sentido, la unión de las profesionales del sector socioeducativo se antoja fundamental en la defensa de nuestro ámbito y el de los intereses de la población destinataria de los proyectos que desarrollamos.