@albertopradilla
madrid

El Gobierno español dice que «acatará» una sentencia contraria a la doctrina 197/2006

«Acataremos la sentencia. Pero la sociedad española no se merece poner en libertad a determinada gente que ha cumplido menos de 30 años. Además, ser obligados a pagar 30.000 euros sería una ofensa al pueblo español». Esta ha sido la reacción del ministro de Interior español, Jorge Fernández Díaz, ante una posible sentencia contraria a la doctrina 197/2006 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la doctrina 197/2006.

El recurso contra la sentencia que instaba a la derogación de la sentencia 197/2006 a partir del caso de Inés del Río será revisado por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 20 de marzo, por lo que el ministro español de Interior, Jorge Fernández Díaz, está desplegando una fuerte campaña de presión hacia los magistrados europeos. Hoy, nuevamente, lo ha hecho, asegurando que «acatará» una sentencia contraria a los planteamientos de Madrid pero que «señalará» a aquellos que han defendido el derecho a la tutela judicial efectiva que disfruta todo prisionero.

El ministro de Interior se ha aferrado a la alarma social para hacer pedagogía en defensa de su recurso. De este modo, ha tratado de desvincularlo del conflicto vasco, afirmando que una confirmación de la sentencia del TEDH implicaría una «alarma social». Ha enumerado los nombres de presos políticos vascos que serían excarcelados, aunque también se ha referido a criminales muy conocidos en el Estado español, como determinados violadores o incluso condenados por la muerte de tres menores en Alcasser en 1992. «Habrá graves consecuencias para la seguridad pública», ha señalado el ministro, quien ha insistido en su mensaje inmovilista a la hora de referirse al conflicto político. Ha alardeado de no haber dado un paso e incluso ha deslizado la amenaza de las ilegalizaciones, recordando los puntos impuestos por el Tribunal Constitucional en la sentencia de legalización de Sortu.

Respuesta de Amaiur

Las palabras de Fernández Díaz han sido contestadas por el diputado de Amaiur, Iker Urbina, quien le ha acusado de realizar una «apología» de la vulneración de los derechos. «Los derechos de los presos, como todos los derechos, no pueden, no deben estar sujetos a ningún condicionamiento», ha asegurado, censurando que el Gobierno del PP siga en clave de «imposición militar» y de negación del conflicto vasco.

PNV

También Emilio Olabarria, portavoz del PNV, ha hecho referencia a la política penitenciaria y al nuevo tiempo abierto en Euskal Herria. Ha llamado la atención sobre las advertencias del ministro y ha considerado que la gran sala del TEDH confirmará la sentencia, por lo que la doctrina 197/2006 tendrá que ser derogada.