Pocos se acuerdan ya, pero las hemerotecas dan cuenta de la desvergonzada carrera que entre 2011 y 2012 enfrentó a Madrid y Barcelona –con sus respectivos gobiernos autonómicos a la cabeza– para atraer Eurovegas, el macrocomplejo de casinos que el multimillonario Sheldon Adelson quería, supuestamente, instalar en el sur de Europa. En setiembre de 2012, cuando el magnate y sus volátiles 20.000 millones de euros de inversión se decantaban ya por Madrid, la Generalitat de Catalunya se sacó de la chistera Barcelona World, un complejo turístico basado también en el juego que empezaría a funcionar en 2015 al lado de Port Aventura.

Lo presentaron por todo lo alto los principales artífices del proyecto: la propia Generalitat, el fondo de inversión Veremonte –de Enrique Bañuelos, multimillonario gracias a los pelotazos urbanísticos en el País Valencià– y la Caixa, propietaria de los terrenos en los que se situaría el complejo, en los municipios tarraconenses de Salou y Vila-Seca –este último con su alcalde recién imputado por un caso de corrupción–.

Pese a no ser tan vistosos como los de Eurovegas, los números eran propios de la época dorada del ladrillo: seis complejos hoteleros –tematizados en diferentes partes del mundo– con sus respectivos restaurantes, zonas comerciales y casinos; un espacio de 600 hectáreas, una inversión de 4.700 millones de euros, 12.000 habitaciones de hotel, creación de 20.000 puestos de trabajo y 10 millones de visitantes al año. Además, el grupo promotor, Veremonte, aseguraba que no era un proyecto basado en los casinos, ya que estos solo aportarían el 10% de los ingresos totales.

Pero tras el prometedor inicio, en más de medio año la única noticia fue que el proyecto pasó a llamarse oficialmente BCN World, debido a las quejas tanto de los municipios tarraconenses como del Ayuntamiento de Barcelona. Hubo que esperar hasta mayo de 2013 para volver a tener noticias del proyecto y ver cómo las expectativas iniciales se desinflaban irremediablemente. A finales de aquel mes, Veremonte explicó que el macroproyecto arrancaría con tan solo uno de los complejos hoteleros del total de seis anunciados –ahora aplazados ‘sine die’–, reduciendo las cifras notablemente: el complejo ocuparía 300.000 metros cuadrados de las 600 hectáreas anunciadas, los puestos de trabajo pasarían de 20.000 a 5.000, las habitaciones de hotel se quedarían en 1.100 en vez de en 12.000 y la inversión pasaría de unos 4.700 millones de euros a 766 millones.

Sin embargo, había dos cifras que subieron en el nuevo planteamiento: el volumen de los ingresos esperados de los casinos ascendió a un 30% del total –pese a los esfuerzos de presentar el proyecto como no basado en el juego– y el porcentaje de la inversión total asumida por Veremonte subió del 20% inicial al 50%, síntoma evidente de la dificultad para encontrar los socios inversores internacionales prometidos. El 50% restante lo asumirían los tres socios inversores que el grupo promotor presentó en mayo: el grupo Melià se encargaría de los hoteles, la británica Value Retail asumiría la gestión comercial y Melco Crown, operador de casinos en Macau, se responsabilizaría de los casinos –empresa investigada en EEUU y Australia por sus vínculos con la mafia–.

Chantaje empresarial y regreso de la sociovergencia

Pese a la suspicacia generada por algunos de los socios y pese a que los números iniciales se desinflaron notoriamente, junto al anuncio de mayo empezó la campaña de acoso y derribo contra el impuesto del juego, que en Catalunya llegaba hasta el 55%. Su rebaja, así como otros cambios normativos, fue impuesta como condición indispensable por Veremonte, cuyo consejero delegado, Xavier Adserà, llegó a chantajear veladamente este mismo mes de enero a los diputados al asegurar, en comparecencia parlamentaria, que la rebaja impositiva era indispensable y que «un proyecto de estas características se debe hacer en el sur de Europa, si este Parlament decide que no se debe hacer en Catalunya, se hará en España».

Ante la negativa de ERC a dar un cheque un blanco a los casinos, CiU tuvo que recuperar la geometría variable de la anterior legislatura. El aliado fue el PSC, que en la comisión parlamentaria que abordó el tema hasta el pasado mes de marzo había cuestionado muchos aspectos del proyecto. Sin embargo, la intervención definitiva del alcalde socialista de Tarragona, Félix Ballesteros, empujó el partido a cerrar, el pasado 30 de marzo, un acuerdo con CiU. El acuerdo lo sellaron al más alto nivel el president, Artur Mas, y el primer secretario del PSC, Pere Navarro, y se traducirá en una nueva ley de Centros Recreativos y Turísticos (CRT) –impugnada ya por la CUP e ICV-EUiA al Consell de Garanties Estatutaries– que cumplirá a rajatabla con las condiciones de los inversores: reducción del impuesto al juego del 55% al 10%, la reducción de las limitaciones urbanísticas y el permiso para jugar a crédito. Todo a cambio de un proyecto que desde la plataforma Aturem BCN World denuncian que viene envuelto en humo y que ni siquiera tiene ningún proyecto técnico.