Amnistía Internacional (AI) ha presentado hoy en Madrid el informe ‘España: El derecho a protestar, amenazado’, en el que la organización documenta, tras entrevistarse con una treintena de personas y sus abogados, casos de violaciones de derechos humanos cometidos supuestamente por miembros de las FSE, así como la falta de investigación de estos abusos.

La organización afirma que el Gobierno español «está utilizando todos los medios posibles para limitar por ley el derecho a la libertad de expresión y a la protesta pacífica», como la reforma prevista del Código Penal y de la Ley sobre la Protección de la Seguridad Ciudadana.

«Total impunidad» policial

«La Policía actúa con total impunidad, mientras que los manifestantes pacíficos y los líderes de los movimientos sociales sufren acoso constante y son estigmatizados, golpeados y, en ocasiones, detenidos para enfrentarse a cargos penales, encarcelamiento y multas», ha denunciado la directora de Europa de AI, Jezerca Tigani.

El informe destaca el aumento de manifestaciones en todo el Estado «como consecuencia de la crisis y el malestar generado por las medidas de austeridad aplicadas por el Gobierno» y detalla que en 2013 se celebraron más de 25.400 protestas, mientras que en 2012 hubo 14.000 manifestaciones.

«Estamos recibiendo muchas denuncias por uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad para dispersar manifestaciones pacíficas y de material antidisturbios como porras y proyectiles de goma que han causado lesiones injustificadas», ha señalado la autora del informe, Virginia Álvarez.

Ha detallado que la investigación recoge, por ejemplo, el parte policial de una concentración celebrada el 27 de abril de 2012 en la Puerta del Sol de Madrid que reflejaba la ausencia de incidentes en la protesta, aunque 47 personas fueron sancionadas con multas de unos 300 euros.

300.000 euros en multas al 15M por concentraciones en Sol

«También incluye ataques a periodistas y malos tratos en comisarías a detenidos, y no ha habido investigaciones internas ni judiciales, lo que perpetúa la impunidad policial», ha añadido.

La autora del informe ha señalado que la mayoría de los casos de abusos policiales que se investigan se archivan al no poder quedar acreditada la identidad del policía «por la falta de colaboración».

Álvarez ha señalado que la cuantía de las multas impuestas a simpatizantes del movimiento 15M por concentraciones en Sol superan los 300.000 euros.

Amnistía ha pedido al Ejecutivo del PP que «revise estas prácticas en la gestión y el control de las manifestaciones y garantice las investigaciones y que no se violen la legislación internacional sobre derechos humanos».

Durante la presentación, Jorge Aranda ha explicado que fue detenido el 1 de marzo de 2013 por la Policía, que le denunció por intentar agredir al entonces consejero de salud madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, durante una protesta contra la privatización de la sanidad, que quedó archivada por la juez tras visionar una grabación y determinar que «la versión policial no resultaba creíble».