Un puerta tapiada y un muro pintado de gris, donde las pancartas que antes reclamaban vivienda digna han desaparecido de las ventanas nuevamente cerradas a cal y canto. Estos son los restos que quedan de la «corrala Utopía», los pisos ocupados en los números 2, 4 y 6 de la avenida Juventudes Musicales de Sevilla, que en los últimos dos años acogieron a una veintena de familias. Ante la disyutiva entre patada en la puerta o dormir en la calle, estas optaron por desobedecer y hacer suyo un espacio que en los papeles pertenecía a Ibercaja y en la práctica permanecía ofensivamente vacío. Resulta sintomático que, tras el desalojo, una de las principales preocupaciones haya sido borrar la huella de dos años de experiencia. Como si tachando los eslóganes se eliminase también el recuerdo colectivo de un espacio que ha supuesto más que una alternativa a la falta de techo. Por una parte, la corrala ha simbolizado el «sí se puede» que se corea en las protestas de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas. Por otra, ha supuesto un terremoto político, llegando a generar dudas sobre el gobierno de coalición en Andalucía, que comparten PSOE e IU. Es paradójico que un pacto que no se agrietó ante la sospecha de la corrupción, que llegó a salpicar incluso al entonces presidente, José Antonio Griñán, haya temblado ahora por un gesto, el de ofrecer el realojo, que atendía a la movilización social. Aunque Susana Díaz, heredera del todopoderoso presidente del PSOE, ya dejó clara su posición cuando afirmó que «si a quien levanta más la voz le damos lo que pide, se inicia un camino peligroso».

Manoli tiene 65 años y trabajó como limpiadora hasta que se quedó en la calle. Lo intentó todo para pagar su hipoteca pero, como les ha ocurrido a miles de ciudadanos en el Estado español, los números rojos terminaron por hacerle perder el techo y acumular deuda. Ahora cobra apenas 426 años, un subsidio que no le da ni para pagar un alquiler. Así que decidió pelear. «Hay vivienda vacía. Somos personas y tenemos derechos. No estoy pidiendo gratis, sino un arrendamiento que pueda pagar», explicaba al justificar su decisión de dar una patada en la puerta e instalarse en estos pisos de reciente construcción que nadie utilizaba. Tras el desalojo, confía en poder ser reubicada, tal y como defendió la consejería de Fomento, en manos de IU. Mientras tanto, la vivienda que había convertido en su hogar durante los últimos dos años permanece vacía y sin perspectivas de que nadie la utilice. Esta es una de las sangrantes problemáticas que la corrala ha puesto sobre la mesa: la existencia de miles de apartamentos sin inquilino que nunca serán utilizados por familias que se han quedado sin techo o que no pueden pagarse uno.

Eso era exactamente lo que ocurría con los pisos de la avenida Juventudes Musicales que luego se convertirían en corrala. Dos años antes de la ocupación, en 2010, la constructora que los puso en marcha quebró. Y ahí se quedaron. Sin nadie. Así que, tras comprobar que lo único que acumulaban era polvo, un grupo de personas se organizó para acceder al interior. Al contrario de lo que ocurre con otras ocupaciones para uso de vivienda en las que la discrección es un valor para mantener el piso, los vecinos optaron por la reivindicación pública: solucionaban su problema concreto, sí, pero también ubicaban el debate social en términos colectivos y se convertían en un símbolo para otros.

Desalojo por sorpresa

El desalojo llegó cuando menos se esperaba. En principio, diversas instituciones mediaban para lograr una solución que evitase la llegada de la Policía. Sin embargo, aprovechando la cercanía de la Semana Santa, la delegación del Gobierno español mandó a los antidisturbios, expulsó a las 30 personas que en aquel momento se encontraban en el edificio y lanzó el mensaje de que no se permitiría normalizar este tipo de iniciativas. Porque una de las virtudes de la «corrala Utopía» ha sido el de no quedar como una isla. El modelo se ha exportado, tanto a otros puntos de Andalucía como del Estado. Sin ir más lejos, hace dos semanas tres edificios del barrio de Vallecas, en Madrid, eran «recuperados» como vivienda. Es cierto que, de este modo, los afectados asumen responsabilidades que, al menos en la teoría, deberían de corresponder a la administración. Tampoco se puede obviar el hecho de que iniciativas de estas características han logrado abrir grietas en un sistema que ha convertido la regulación hipotecaria en uno de los grandes diques con los que se protege el sistema económico. Un ejemplo: la ley antidesahucios andaluza (como la de Nafarroa), lo más lejos que ha sido capaz de llegar el PSOE, está recurrida ante el TC. Y este se ha escudado en sus «efectos financieros» para suspenderla.

Mantener la corrala durante dos años solo se explica con la movilización. Lograr que los afectados sean realojados incide en la misma línea, a la espera de lo que se concrete en una reunión que tendrá lugar esta misma semana. En este punto, no es casualidad que la Junta, en manos del PSOE, se aliase con las tesis de quienes pretendían evitar el denominado «efecto llamada». Por eso Susana Díaz lanzó un pulso a IU que terminó perdiendo, ya que le retiró las competencias de Vivienda para después reinstaurárselas ante la amenaza de romper el Ejecutivo. No obstante, la presidenta todavía podría aliarse con el Ayuntamiento de Sevilla, en manos del PP, para poner en cuestión el riesgo de exclusión social de los vecinos y evitar así la entrega de llaves. Ellos saben que seguirán protestando. Y el mejor ejemplo de que el problema está irresuelto son esos pisos, nuevamente vacíos, que durante dos años fueron «casa».