Al no ser yo ni Hasier Arraiz ni militante de Sortu no sé con certeza qué ha querido expresar con ello, pero me lo imagino: un rechazo general hacia una reforma protagonizada por unos partidos elitistas y sin participación de las bases que absolvió con su amnesia al régimen franquista, y en lo que respecta a Euskal Herria sur, un sistema que negaba la autodeterminación y que dividía al país en dos. Y me lo puedo imaginar porque yo, que sí participé en el juego de las Cortes, acabé dimitiendo como Diputado del Congreso por razones similares.

Durante mucho tiempo esta actitud singularizó en solitario a la izquierda abertzale. Hoy, tras el comienzo de la gran crisis, ya no es ese el caso, y sectores crecientes de la opinión pública, en Euskal Herria y también en España, empiezan a compartir la visión de la transición como un fraude generalizado a la democracia.

Muchos partidos y colectivos siguen reivindicando la transición. Ello es legítimo, y su oposición a lo manifestado por Arraiz entraría dentro de lo banal; si no fuera porque las declaraciones de éste han dado lugar a la presentación de una denuncia seguida por la apertura de diligencias.

Pero aquí nos encontramos con un problema de fondo, que contiene un elemento perverso: la negación estridente de un proceso en el que ha sido la presión constante de la izquierda abertzale la que ha llevado a ETA al abandono irreversible de los atentados, lo que hubiera sido imposible si aquella hubiera carecido de autonomía civil; y la privación de legitimidad a un partido, Sortu, que ha hecho del uso exclusivo de los medios democráticos y pacíficos su razón de ser.

Es esta visión manifiestamente contraria a la realidad la que subyace a la denuncia e inspira deformaciones aberrantes de las declaraciones de Arraiz como la de un medio español, según la cual este habría dicho que «la decisión que tomó la izquierda abertzale hace 35 años, que ETA siguiera matando tras la Constitución, fue acertada».

Todo ello no es casual; coincide con una estrategia del involucionismo político e institucional cada vez más explícita que a través de la reilegalización de la izquierda abertzale se propondría devolver el proceso de normalización y resolución del conflicto a la casilla cero. Reaccionar ante esta maniobra, que va mucho más allá de la suerte de una persona concreta y hasta del partido que preside, es una exigencia elemental de democracia, que compete a la sociedad civil vasca, e incluso a la sociedad civil española, en su conjunto.