El lunes comenzará otro juicio político en la Audiencia Nacional, abierto esta vez tras la celebración de una kalejira solidaria con los presos en Alde Zaharra de Gasteiz. Afecta a once familiares y amigos de represaliados vascos, al cantante de una elektrotxaranga y a dos bertsolaris, Jagoba Apaolaza e Iker Pastor, que ayer recibieron el apoyo de Arabako Bertsozale Elkartea.

En una rueda de prensa, el presidente de esta asociación, Ekaitz Elorriaga, señaló que la imputación de los bertsolaris es un «ataque al directo» al bertsolarismo y a la libertad de expresión de los propios bertsolaris. Algo que repercute en la calidad de la cultura, ya que, subrayó, para que la cultura sobreviva los creadores deben expresar libremente sus sentimientos y pensamientos.

«Creemos que es indispensable que se puedan expresar y que se respeten las opiniones y los pensamientos de todas las personas, porque sin libertad de expresión la cultura no tiene futuro», remarcó Elorriaga. Reclamó por ello que se retire el cargo de «enaltecimiento del terrorismo» a Apaolaza y Pastor, que, de ser declarados culpables, podrían recibir una condena de 18 meses de prisión.

En este sentido, subrayó que resulta «grave e inaceptable» que una persona pueda ser encarcelada por realizar una actividad cultural. «No vamos a aceptar amenazas de este tipo, ni censura ni castigos», subrayó antes de anunciar que el jueves tendrá lugar una fiesta solidaria en el gaztetxe de Gasteiz. Tomarán parte Maialen Lujanbio, Xabier Amuriza, Beñat Gaztelumendi, Sustrai Colina, Manex Agirre y Amets Arzalluz, entre otros bertsolaris.

Hasta dos años

Apaolaza y Pastor serán juzgados en Madrid por participar en una kalejira celebrada el 30 de junio de 2012 con motivo de las fiestas «Zaharraz Harro!». Meses después se hizo pública la imputación de catorce personas, que en enero de 2013 realizaron cientos de kilómetros para declarar ante la Audiencia Nacional española, que les imputa un presunto delito de «enaltecimiento del terrorismo».

Cabe recordar que la Fiscalía del citado tribunal de excepción pide un castigo de 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación para trece imputados, y de 24 meses de cárcel y ocho años de inhabilitación para Agurtzane Izartza.