El documento preliminar de conclusiones de la comisión de investigación del alquiler del local de la calle San Antonio apunta al exalcalde Alfonso Alonso y al actual regidor, Javier Maroto, como «responsables políticos directos» de la firma del contrato de arrendamiento. Un polémico acuerdo, suscrito el 16 de febrero de 2007 con la empresa Sbayre, que «va claramente en contra del interés público por cuanto en la actualidad sigue obligando al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a un desembolso no inferior al doble del valor de compra del local».

Así lo indica la presidenta de la comisión, Maite Berrocal, en sus conclusiones finales, presentadas ayer ante los concejales que componen este comité. En el texto, la edil también advierte de que las clausulas del contrato, que en un inicio recogía una aportación mensual de 12.500 euros más IVA y una actualización anual nueve puntos superior a la subida del IPC, «siguen beneficiando claramente los intereses de la empresa propietaria del local», en manos del empresario Gonzalo Antón.

Además, censura la adjudicación directa del contrato, ya que, a su parecer, «el procedimiento adecuado para alquilar estos locales es el de publicidad y libre concurrencia»; y manifiesta que «en caso de aplicar un procedimiento excepcional de contratación directa, debe justificarse suficiente y adecuadamente la especial idoneidad, como establece la legislación directa».

A este respecto, recuerda que el 7 de febrero de 2007, dos días antes de cerrar el contrato, el director de Hacienda presentó un informe en el que afirmaba que el Consistorio precisaba de un local para reubicar las oficinas de atención al ciudadano, del padrón y la oficina de turismo.

Esta idea fue rechazada días después por Maroto, concejal de Hacienda durante el segundo mandato de Alonso, que negó que fueran a ubicar la oficina de turismo en la calle San Antonio. Algo que choca con la declaración efectuada por el primer edil derechista en la comisión de investigación, donde afirmó que «el objetivo estratégico [del alquiler] era poder disponer de esos locales, o de unos locales en el centro de esa dimensión, para albergar entre otras cosas la oficina de turismo. Era un proyecto estratégico».

Esta contradicción también se recoge en las conclusiones presentadas por el Gobierno local, que defiende que el alquiler «respondió a las necesidad de dotar de espacios suficientes y estables a los servicios municipales de atención ciudadana y a la oficina de turismo».

Las «mentiras» del PP

Blanca Guinea, que echó mano de las actas para poner de manifiesto las diferencias existentes entre las dos versiones, criticó que el inmueble de la calle San Antonio no pueda pasar a ser de titularidad pública, tal y como manifestó el actual alcalde, porque Alfonso Alonso eliminó la opción a compra del contrato.

Desde el PSE, Patxi Lazcoz instó al PP a retirar sus conclusiones, y subrayó que la formación derechista está «mintiendo con mayúsculas a toda la sociedad vitoriana». «El PP sigue enrocado en la mentira, y han llevado la mentira hasta sus conclusiones», añadió.

En representación de EH Bildu, Antxon Belakortu, reclamó la dimisión de Alfonso Alonso y de Javier Maroto. «Tienen que dimitir porque esta actuación es incompatible con la defensa del interés público», remarcó.

Ainhoa Domaica (PP) defendió la actuación de sus compañeros de partido y denunció el «objetivo político» de la comisión. También anunció que enmendará las conclusiones.