Según expone el juez en un auto, que pude ser recurrido, estos hechos pueden ser constitutivos de un delito contra el orden público.

El magistrado aprecia «indicios racionales de criminalidad» contra los imputados y emplaza al Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas a que, en el plazo de diez días, soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.

En el auto se relata cómo, supuestamente, los imputados colocaron, desde los tejados de dos edificios cercanos, justo delante del Ayuntamiento y a escasos metros del mismo, una ikurriña de grandes dimensiones (5,54 por 6,50 metros) que tapaba parcialmente la fachada, incluido el balcón desde el que se iba a lanzar el cohete iniciador de las fiestas, lo que provocó un retraso en este acto de veinte minutos.

Este hecho, se indica en el auto, «puso en grave riesgo» la integridad física de las miles de personas congregadas en el lugar, bien por el riesgo de que la bandera cayera sobre los asistentes o por el retraso en el lanzamiento del chupinazo.

Estas circunstancias, unidas «al abarrotamiento de la plaza y al estado en que se encontraban muchos de los asistentes», hizo que el riesgo para los congregados «fuera notablemente superior al que existe cuando el chupinazo se desarrolla sin retraso».