Rafa Izquierdo
Respons. de Pol. Económicas de LAB
Los salarios no tienen la culpa

El proceso de devaluación salarial no ha hecho más que empezar, y se asienta en cambios estructurales sobre los que tiende a consolidarse un modelo de distribución de rentas todavía más favorable al capital y los beneficios empresariales.

2014/04/20

El rasgo más característico del sistema económico capitalista reside en la propiedad privada de los medios de producción y su concentración en unas pocas manos. Bajo este modelo de producción los dueños del capital detentan una posición dominante sobre las fuerzas del trabajo, de tal forma que imponen un reparto desigual de las rentas generadas en el proceso productivo y promueven una creciente acumulación de riqueza y poder.

En estas circunstancias, no es una novedad que la participación de los salarios en la renta (PIB) disminuya en favor del capital. De hecho, ésta ha sido la tendencia general observada en las últimas décadas, sobre todo desde la ofensiva neoliberal desatada por las élites económicas y políticas a principios de los ochenta.

No obstante, como consecuencia de la crisis y de las políticas económicas impuestas por los gobiernos de turno, la desigualdad en el reparto primario de las rentas entre el capital y el trabajo se ha agravado en los últimos años.

Las estadísticas de Eurostat demuestran que en la Unión Europea la proporción de renta generada que se destina a los salarios ha pasado de representar un promedio del 50,2% del PIB en 2001 a un 49,4% en 2013. Esta disminución no ha sido lineal, ya que en los años 2008 y 2009 se produjo una recuperación efímera del peso de la masa salarial, motivada por los efectos de la crisis en la actividad productiva y la caída del PIB. Pero finalmente la evolución de las remuneraciones salariales ha retomado su tendencia descendente.

En Hego Euskal Herria este proceso de transferencia de rentas, desde los salarios hacia los beneficios empresariales y el capital, ha sido más intenso y radical, sobre todo a partir de 2009 y 2011.

Según los datos del INE, en 2001 el 51,5% del PIB se destinó a remunerar el trabajo asalariado en Hegoalde; mientras que en 2012 el peso de los salarios retrocedió hasta el 46,7% del PIB. Por tanto, comprobamos que en poco más de una década los salarios han perdido 4,8 puntos porcentuales en favor de los excedentes empresariales en el reparto de la riqueza generada.

Además, se da la paradoja de que la tasa de asalarización ha aumentado en el periodo estudiado. De manera que a pesar de haber crecido la proporción de empleo asalariado respecto al empleo total (medidos en horas efectivamente trabajadas) pasando del 84,1% al 85,4%, los salarios han reducido su participación en el reparto de la «tarta económica».

Sin duda la crisis ha contribuido a agudizar esta tendencia general en el reparto desigual de las rentas. Desde el inicio de la crisis se han destruido alrededor de 203.000 puestos de trabajo según la encuesta EPA; y en la actualidad hay más de 230.500 personas en paro inscritas en los servicios públicos de empleo de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa.

Este brutal «ajuste laboral» nos ha situado a la cabeza de Europa en destrucción masiva de empleo y, lógicamente, la grave situación de deterioro laboral ejerce una fuerte presión a la baja sobre los salarios.

Ahora bien, entre las causas subyacentes de esta progresiva disminución del peso de los salarios debemos destacar el ciclo de reformas acometidas en el periodo 2011-2012 por los gobiernos del PSOE y del PP.

En este mismo sentido, también hay que subrayar la reducción de salarios públicos aplicada en 2010, así como las sucesivas congelaciones salariales de los años posteriores; medidas que además han servido de referencia para impulsar recortes salariales en el sector privado.

Esta acción de gobierno, desarrollada a través de reformas estructurales extremas, ha provocado una profunda modificación de las relaciones laborales en beneficio de la parte empresarial, que ha visto así reforzando su poder de decisión para despedir más fácil y barato, para reducir los salarios e incluso para incumplir las condiciones pactadas en los convenios.

El ataque frontal desatado contra los derechos laborales y la negociación colectiva no tiene precedentes en la historia reciente; y se ha convertido en una pieza clave de la política económica gubernamental para llevar a cabo una devaluación interna que descansa en el sacrificio de los salarios, la degradación de las condiciones laborales y el empobrecimiento generalizado de la clase trabajadora y de la mayoría social.

Tampoco constituye una novedad la desregulación laboral y el debilitamiento de las herramientas sindicales, pero las duras medidas adoptadas en esa dirección abren un escenario mucho más adverso, donde se irá imponiendo una gradual individualización de las relaciones laborales y una merma de la capacidad de negociación de la clase trabajadora.

Las secuelas ya se han empezado a notar y son demoledoras. Sin embargo, el proceso de devaluación salarial puesto en marcha no ha hecho más que empezar, y se asienta en cambios estructurales sobre los que tiende a consolidarse un modelo de distribución de rentas todavía más favorable para el capital y los beneficios empresariales. En definitiva, el sistema capitalista se reinventa, alejándose cada vez más de criterios inspirados en la justicia social y la equidad, y promueve una nueva fase de acumulación dirigida a lograr una mayor concentración de riqueza a costa de incrementar la explotación laboral y la pobreza.

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