El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha justificado la decisión del Gobierno español de denegar las ayudas correspondientes a 46 víctimas del GAL argumentando que «pertenecían al mundo de ETA». Así lo ha afirmado en el Congreso ante la pregunta formulada por la diputada de Amaiur Maite Aristegi, quien le ha planteado si su preocupación «son todas las víctimas». La portavoz abertzale ha recordado del informe del Institututo Vasco de Criminología en el que se advertía de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy podría haber prevaricado al no entregar las ayudas a los damnificados por organizaciones parapoliciales. Fernández Díaz, sin embargo, no solo no se ha retractado, sino que ha alegado que existe un convenio europeo que avala su decisión.

En concreto se ha referido al convenio 116 del Consejo Europeo, que hace referencia a las víctimas de delitos violentos, y que marca, según el titular de Interior, que las víctimas podrán ver reducidas o eliminadas sus ayudas «si participan en la delincuencia organizada o pertenecen a una organización que se dedica a perpetrar crímenes violentos». Por eso, Fernández Díaz ha señalado directamente a estos 46 damnificados argumentando que «pertenecían al mundo de ETA», por lo que se procedió a denegar las compensaciones. Previamente ha señalado que la Ley de Atención a Víctimas había sido modificada en los presupuestos para adecuarla al mandato procedente de Europa. «La concesión de ayudas se someterá a principios que se establecen convenios europeo», ha remarcado, después de pronunciar su habitual exigencia a Amaiur para que inste a ETA a «disolverse y pedir perdón».

Aristegi, en su intervención, había calificado de «inmoralidad» la política de venganza desarrollada por el Gobierno español, remarcando que esto evidencia su «debilidad». «¿Cómo puede hablar de suelo ético y perdón cuando es incapaz de reconocer su responsabilidad?», ha remarcado la portavoz abertzale, que había denunciado que, con la introducción del nuevo criterio, el Ejecutivo español vulneraba los principios de «irretroactividad de las leyes, presunción de inocencia y el principio de legalidad».

«Reconocer el sufrimiento del otro y tratar por igual a todas las víctimas es una de las bases para la búsqueda de una solución integral al conflicto», ha subrayado, recordando que tanto los presos vascos como ETA y la izquierda abertzale ya han dado pasos en este sentido. «La sociedad vasca, harta ya de esta actitud miserable y cruel hacia una de las partes se pregunta: hasta cuándo?»