La de Clayton Lockett, de 38 años, ha sido la última de una serie de ejecuciones en las que la aplicación de la pena de muerte ha sido más prolongada y agónica para los presos de lo esperado debido al polémico uso de nuevas inyecciones letales cuyos componentes se mantienen ocultos, ya que las convencionales escasean.

Lockett, condenado por el asesinato de una joven de 19 años en 1999, se retorció y jadeó ayer cuando le fue administrada la inyección, que contenía una combinación de fármacos nunca usada en Oklahoma, aunque se había empleado en otros estados, antes de morir de un ataque al corazón.

La gobernadora de Oklahoma, la republicana Mary Fallin, ha pedido que se investigue lo sucedido y ha aplazado catorce días la otra ejecución prevista para este martes, la de Charles Warner, de 46 años. Iba a ser la primera ejecución doble desde 2000 en Estados Unidos y, en el estado de Oklahoma, desde 1937.

La forma en que murió Lockett, a quien le explotó una vena y siguió vivo entre jadeos y convulsiones más de 40 minutos después de recibir la inyección –cuando no suele durar más de cinco–, ha reforzado los argumentos de los opositores a la pena capital.

«Hay serias preocupaciones sobre la inyección letal a la luz de las cada vez más chapuceras ejecuciones llevadas a cabo con fármacos cuestionables de fuentes cuestionables», ha señalado el director legal de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles en Oklahoma, Brady Henderson. La Coalición Nacional por la Abolición de la Pena de Muerte ha denunciado que «el Gobierno de Oklahoma sacrificó la transparencia y la responsabilidad pública por su propio interés y las consecuencias han sido grotescas y evitables».

Críticas de la Casa Blanca

También la Casa Blanca se ha pronunciado sobre esta ejecución y ha indicado que «no alcanzó» los estándares humanos. «Incluso cuando la pena de muerte está justificada, debe llevarse a cabo humanamente. Y pienso que todo el mundo reconocería que este caso no alcanzó ese estándar», ha señalado el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney.

La mayoría de los 32 estados donde está en vigor la pena de muerte en el país tiene problemas para conseguir los componentes con los que se fabricaban las inyecciones letales convencionales. Ante esta situación, algunos prueban fórmulas alternativas de inyecciones y otros se han planteado el uso obligatorio de la silla eléctrica en caso de que no se encuentren productos para inyecciones letales.