Dos de las personas acusadas formaban parte de un grupo que esperaba a López, candidato del PSE a la reelección, con banderolas en contra de la dispersión carcelaria, mientras que las otras dos ejercían como apoderadas electorales de EH Bildu. El fiscal considera que esta cuatro personas cometieron «un delito electoral en concurso con un delito de coacciones», por lo que pide para cada encausado una multa de doce euros diarios durante 24 meses, lo que suma cerca de 8.800 euros. La defensa solicita la absolución.

Según testificó López en la sesión anterior, celebrada el 15 de abril, en el momento en el que accedió al aula se produjeron forcejeos entre quienes protestaban por los presos y sus escoltas, y se creó «una situación muy complicada». Posteriormente la presidenta de la mesa electoral ordenó a ese grupo que saliera del aula y López pudo depositar su voto.

La defensa mantiene que la protesta fue pacífica, mientras que los apoderados de EH Bildu se limitaron a llamar la atención«sobre el hecho de que los escoltas iban armados, lo que no está permitido en un colegio electoral», según ha explicado la portavoz de Sortu Maribi Ugarteburu, quien ha añadido que los integrantes de la izquierda abertzale están «cansados» de acudir a los juzgados por el mero hecho de «ejercer una labor política».