El presidente del Comité de Empresa ha precisado, según recoge Efe, que les han indicado que en ese momento se iniciará el proceso para sacar del núcleo del reactor el combustible atómico que será depositado en la piscina nuclear de la instalación.

El objetivo de la empresa propietaria de la central, Nuclenor, es que la actividad haya cesado totalmente antes del 1 de enero, de manera que no tenga que pagar la nueva fiscalidad recogida en la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, que se tramita en el Senado, y que gravaría el volumen de metales pesados depositado en las plantas nucleares que permanezcan activas en esa fecha.

González ha afirmado que según las estimaciones de la empresa, esa nueva fiscalidad supondría el pago de 150 millones de euros, una cantidad que Nuclenor considera que no sería asumible cuando el cierre de Garoña está previsto para el 6 de julio de 2013.

El presidente del Comité de Empresa ha insistido en que «todavía hay tiempo para que la empresa dé marcha atrás y Garoña siga funcionando», dado que Nuclenor les ha comunicado que podría cambiar de postura si se modifica en el trámite parlamentario el citado impuesto.

La nueva normativa establece un impuesto por la producción de residuos nucleares que se cifra en 2.190 euros por kilogramo de uranio y plutonio del combustible nuclear gastado.