El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado la causa en la que estaba imputada la alcaldesa de Altsasu, Garazi Urrestarazu, por la parodia ‘El discurso del rey’ que se representó el 3 de setiembre del año pasado para denunciar la «asfixiante presencia policial» en la localidad.

La parodia consistió en un desfile militar en el que participaron decenas de vecinos de Altsasu vestidos con «uniformes» de distintos cuerpos policiales y militares, realizando parodias de entrenamientos. Como colofón, «el rey» pronunció un discurso en la Plaza de los Fueros, en el que, en tono irónico, agradeció a los cuerpos policiales la labor que desarrollan en esta localidad.

El juez Pedraz ha ordenado el sobreseimiento de la causa a instancias de la Fiscalía, al estimar que no ha resultado «debidamente justificada la perpetración de los delitos» que denunció la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT’ en una querella presentada contra la primera edil y un vecino de Altsasu.

«El hecho de presentar al monarca en el ejercicio de una de sus funciones más representativas como Jefe del Estado y Capitán General de los Ejércitos, esto es, pasando revista a las tropas, en sí mismo es inocuo», afirma Pedraz en su auto.

Y la circunstancia, afirma, de que las tropas «estén en unas condiciones no muy adecuadas, llevando estrambóticos ropajes y simbologías que no son las constitucionales, añaden un plus de sorna o broma que no son de buen gusto, pero que tampoco sobrepasan los límites de lo penalmente admisible».

Según Pedraz, la crítica, «a veces grosera», no llega «en ningún momento a cruzar» el límite de la libertad de expresión, y el prestigio de la Corona española «no se ve en entredicho porque un grupo más o menos amplio de personas realicen una actuación paródica sobre una de sus funciones».

El juez sostiene que la sátira, aunque se pueda discrepar de alguna de las expresiones que se profirieron, «se encuentra amparada en el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión». En ese sentido, cita la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó al Estado español a pagar una indemnización de 23.000 euros a Arnaldo Otegi por haber impuesto de forma «desproporcionada» un año de cárcel por un delito de «injurias graves» a Juan Carlos Borbón en 2003.