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Cierre de Garoña
Cuenta atrás para Garoña

Todo indica que la central nuclear de Garoña podría haber entrado en la definitiva cuenta atrás para su cierre. Nuclenor, propietaria de la planta y participada a su vez a partes iguales por Iberdrola y Endesa, tenía hasta el pasado 5 de setiembre para pedir una nueva prórroga de funcionamiento de las instalaciones, hasta 2019. No lo ha hecho, y el Consejo de Seguridad Nuclear español ya ha comunicado al Ministerio de Industria que no va a ampliar el plazo para un posible solicitud tardía.

Gotzon Aranburu|GASTEIZ|2012/09/11|0 iruzkin
Garona
Marcha a la central de Garoña, el domingo. (Luis JAUREGIALTZO/ARGAZKI PRESS)
Una circunstancia impide asegurar con rotundidad que Garoña se cerrará el próximo verano: el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas establece que un año antes de la fecha de clausura el titular debe comunicarlo oficialmente. Nuclenor no lo ha hecho.
El accidente de la planta japonesa de Fukushima obliga ahora a construir un búnker para resguardar a los trabajadores en caso de accidente, y a instalar nuevos sistemas de prevención de explosiones.

«Si se cumple la ley, si el Gobierno o Nuclenor no hacen trampa a última hora, la central nuclear de Garoña tiene que estar cerrada para el 5 de julio del año que viene. No hay otra». Son palabras de Carlos Alonso, portavoz de la Coordinadora contra Garoña, pero las repiten casi literalmente Mario Rodríguez Vargas, presidente de Greenpeace España, Unai Pascual, candidato propuesto por EH Bildu para ocupar la cartera de Medio Ambiente en el próximo Gobierno de Lakua, y Gaspar Llamazares, ex coordinador general de Izquierda Unida, todos ellos presentes en la Marcha contra Garoña 2012.

En teoría, el reloj ya está corriendo contra Garoña. Sin embargo, hay una circunstancia que impide asegurar con rotundidad que la central del valle de Tobalina estará cerrada el próximo verano, y es que el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas establece que un año antes de la fecha de clausura el titular debe comunicarlo oficialmente, para así dar inicio a las operaciones de desmentelamiento, que se prolongarán durante varios años. Nuclenor tampoco lo ha comunicado: ni ha pedido la prórroga de funcionamiento ni ha solicitado que se inicie su clausura. Es decir, ahora mismo se da una situación ilegal, o alegal como mínimo. Cabe recordar un precedente: la central de Zorita de los Canes, la primera que entró en funcionamiento en el Estado español (1968, solo tres años antes que Garoña, inaugurada por Franco) se clausuró en 2006, pero la solicitud de cierre había sido presentada en 2003.

Nuclenor alega, como excusa para no pedir la prórroga, que ignora qué impuestos habría de pagar en un futuro próximo para seguir produciendo energía en sus centrales nucleares. La Comisión Europea ha puesto entre la espada y la pared al Gobierno español, al recordarle que «la compensación excesiva de centrales nucleares y grandes hidroeléctricas» es la responsable en gran parte del enorme déficit de tarifa acumulado. Ello ha llevado al ministro español a anunciar algo que con toda seguridad no deseba –dada la posición abiertamente pro nuclar del PP– como es el establecimiento de una tasa o canon por la producción de residuos nucleares y su almacenamiento. No ha fijado aún a cuánto ascenderá esta tasa, y Nuclenor se aferra a este hecho como excusa para no solicitar «por ahora» la prórroga de Garoña.

Desde fuentes ecologistas se denuncia la fragilidad de este argumento: «De ser ese el motivo, no tendrían más que haber pedido la prórroga, esperar a conocer los nuevos impuestos, hacer cuentas, y decidir en consecuencia».

Maniobra de presión de Nuclenor

Carlos Alonso, de la Coordinadora contra Garoña, no duda de que la actitud de Nuclenor con respecto a la central burgalesa responde a una maniobra de presión sobre el Gobierno de Mariano Rajoy: «Es un pulso, a todas luces. Y no es por Garoña, sino por el conjunto del parque nuclear español. Garoña es el chocolate del loro, con sus 400 megavatios escasos, frente a los más de 8.000 del conjunto de centrales nucleares. La verdadera cuestión es que las eléctricas no están dispuestas a reducir sus ingentes beneficios, lo que ocurrirá con los nuevos impuestos y las medidas de seguridad a adoptar tras la tragedia de Fukushima», señala, a las puertas mismas de la central burgalesa.

Otro colosal problema al que se enfrentan Iberduero y Endesa tiene su origen en el accidente de Fukushima. Se da la circunstancia de que uno de los reactores que explotó en la central japonesa es gemelo al de Garoña. De hecho, el director de Fukushima estuvo de visita en la central burgalesa pocos meses antes del accidente, para intercambiar información con sus responsables. Y también es sabido que Nuclenor preparaba una serie de celebraciones para el 40 aniversario de la central burgalesa en abril del año pasado, festejos que se suspendieron tras los sucesos de marzo en Japón.

Desembolso de 120 millones en seguridad

Fukushima supone para Nuclenor, en términos económicos, un desembolso de aproximadamente 120 millones de euros destinados a garantizar la seguridad de la central de Garoña. Hace dos años, cuando se produjo la última revisión general de seguridad, los propietarios de Garoña se libraron de llevar a cabo dos obras muy costosas, como son la renovación de kilómetros de cable y un sistema de aislamiento para la sala de control. ¿Por qué? Porque alegaron que la central solo funcionaría cuatro años más.

Ese argumento no sirve ya, si se solicita la prórroga, pero es que además el accidente de Fukushima obliga ahora a construir un búnker para resguardar a los trabajadores en caso de accidente, y a instalar nuevos sistemas de prevención de explosiones. De cualquier forma, en palabras de Carlos Alonso, lo verdaderamente perjudicial para Iberdrola y Endesa, «lo que no se arregla con dinero», es que Fukushima mostró, una vez más, que «la energía nuclear no es segura, nunca lo ha sido y nunca lo será».

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