La cita, convocada por ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, HIRU, CGT-LKN, CNT y medio centenar de organizaciones sociales, partirá a las 17.30 del Sagrado Corazón y recorrerá las principales calles de la capital vizcaina contra los recortes y los desahucios, que han cifrado en 14 diarios en el conjunto del Estado español.

En rueda de prensa, el responsable de política social de ELA, Mikel Noval, ha reivindicado el derecho a acceder a una vivienda digna, así como la paralización de todos los desahucios de manera definitiva, además de la creación de un instituto de vivienda pública.

En este sentido, ha advertido que con lo aprobado en el Consejo de Ministros este jueves no se crea un parque público de vivienda sino que se encomienda al Gobierno español a promover, junto al sector financiero, «un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito», lo que ha calificado de «patético».

«Lo aprobado por el Gobierno está supervisado por la Troika y eso ya sabemos qué significa. Además, ni el Gobierno vasco ni el navarro han hecho nada para dar la vuelta a esta situación», ha criticado.

Además, ha defendido la necesidad de «salir a la calle para exigir que dejen de tomarnos el pelo y se cambien las políticas actuales» ya que, a su juicio, o «se presiona» a los representantes políticos o «seguirán haciendo lo que quiere la banca».

Por su parte, la secretaria de políticas sociales de LAB, Beatriz Martxueta, ha subrayado que la situación actual es «alarmante» debido a unas políticas de «empobrecimiento» con destrucción de empleo o políticas de vivienda basadas en «la especulación».

«Un negocio redondo»

Según ha criticado, las consecuencias de estas políticas suponen exclusión social y pobreza para la mayoría, mientras que son «un negocio redondo para una minoría financiera». «Las personas que compraron viviendas a precios desorbitados están siendo desahuciadas y miles de ellas ni siquiera tienen garantizado el acceso a una», ha denunciado.

A su juicio, las instituciones deben adoptar medidas que resuelvan «de raíz» esta situación ya que el derecho a la vivienda no puede ser un elemento para el negocio de la banca. En este contexto, ha criticado que las medidas adoptadas por el Gobierno español no cambian nada ya que «la banca dice una vez más lo que hay que hacer y el Gobierno lo redacta».

«Consideramos estas medidas son una campaña de marketing con la que ganar tiempo protegiendo a la banca. Son meros parches que no resuelven los problemas. No tocan la Ley Hipotecaria, garantizan que la banca se quede con la propiedad de la vivienda y la paralización de los desahucios solo se dará en casos concretos mientras los intereses de usura continúan», ha denunciado.

Asimismo, ha defendido la necesidad de que el dinero público se dedique a promover vivienda pública en alquiler social y que haya «tolerancia cero» con el tema de los desahucios. «Políticas donde el dinero público se destine al interés de la mayoría», ha añadido.

Por último, ha abogado por «dejar de mirar a Madrid» y que las instituciones vascas garanticen el acceso a la vivienda. Por ello, ha considerado necesario una banca pública vasca como instrumento de socialización del crédito y el ahorro vasco. «La privatización de cajas que se impone es un nuevo mazazo contra la población que empeorará el problema de la vivienda», ha advertido.

Adhesión de la Cumbre Social

La denominada Cumbre Social Vasca, constituida por CCOO, UGT, Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, entre otras organizaciones sociales y sindicales, ha anunciado a través de un comunicado que se suma a la convocatoria de la citada manifestación, algo que también han hecho las Juventudes del PSE.